Hombres con historial en la administración pública, quiénes son los exfuncionarios del intendente Julio Garro vinculados en la investigación en La Plata
Como ya informó El Editor Platense en ediciones anteriores, la política local se vio sacudida por una causa judicial que involucra a exfuncionarios de la gestión de Julio Garro. La investigación penal apunta a un presunto esquema de fraude al Estado, con similitudes al caso de Julio “Chocolate” Rigau en la Legislatura bonaerense.
En el centro de la escena, nuevamente, aparece un grupo de empleados que cobraban sueldos sin presentarse a trabajar, e incluso se detectaron haberes a nombre de personas fallecidas. En este contexto, la Justicia ordenó allanamientos en los domicilios de 13 imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública y falsa denuncia”. Entre ellos figuran excolaboradores directos del exintendente, varios de los cuales eran considerados figuras de su círculo más estrecho.
Uno de los principales apuntados es Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación y figura clave durante la gestión de Garro. Actualmente ocupa un cargo en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, donde percibe un sueldo cercano a los 2 millones de pesos, posición que podría ofrecerle cierto resguardo institucional frente al avance de la causa.
Durante su paso por la gestión municipal, Negrelli habría incorporado un amplio listado de personas sin funciones concretas dentro de la comuna. Según pudo reconstruir este medio, se trataba no solo de familiares, sino también de contratados temporales que no cumplían tareas efectivas. Esta modalidad tuvo un impacto directo en el crecimiento de la planta municipal, que cerró el segundo mandato de Garro con más de 12 mil empleados, muchos de los cuales jamás asistieron a sus puestos.
En esa línea se sospecha que Negrelli colocaba personas de su confianza en cargos ficticios para luego quedarse con parte de los sueldos, en un mecanismo conocido como “retornos”: sobornos o coimas encubiertas bajo la forma de contratos fantasmas.
Su trayectoria política se remonta a 2005, cuando asumió como concejal por el ARI, partido al que adhería desde 2003. En ese momento ya tuvo episodios vinculados a hechos de corrupción, debido a que fue acusado de montar operaciones mediáticas en contra de Julio Alak y Pablo Bruera para luego, recibir algún “gesto” económico por parte del mismo Ejecutivo para recomponer lo trascendido.
Vale recordar que en 2004 fue parte de la creación de un colegio privado en City Bell:mientras se desempeñaba como docente de geografía y como edil, pudo financiar la construcción de edificios y la puesta en marcha de una prestigiosa institución.
Más adelante fue diputado provincial y, pese a su discurso crítico hacia el entonces gobernador Daniel Scioli, aceptó un cargo en la Defensoría del Pueblo durante esa misma administración, a cambio de una suma importante de dinero.
En 2017, ya consolidado como uno de los principales hombres de Garro, compró una lujosa mansión en un barrio privado de Gonnet por unos 550 mil dólares en efectivo, en pleno contexto de cepo cambiario. Esta operación despertó sospechas sobre el origen de los fondos.
Mariano Baruki Pérez Aramburu estaba a cargo de la Dirección General de Personal y Capital de la Municipalidad de La Plata. Pérez Aramburu era del riñón de Negrelli. Fue puesto por él tras la salida de Mónica Panzoni.
A este señor se lo investiga por tener a cargo el control de las designaciones del personal. En los autos de la investigación judicial se indica que “se pudo establecer que bajo su órbita se nombraron personas que percibían haberes y no iban a trabajar, como el caso de funcionarios que habiendo cesado en sus funciones y continuaron recibiendo haberes”.
En la denuncia a la que este medio tuvo acceso en exclusiva, “él (Pérez Aramburu) estaba a cargo del personal de la Municipalidad, y no habría ejercido el debido control de esas designaciones. Asimismo, se pudo establecer que bajo su órbita, se nombraron personas que percibían haberes y no iban a trabajar”. En este sentido funcionarios que habiendo cesado en sus funciones- seguían percibiendo haberes. Así pues se pudieron advertir bajo su gestión, inconsistencias de diversas índole: en nombramientos y/o el cumplimiento de los contratos laborales en la Municipalidad, como así también, la administración de los fondos públicos para el pago de los haberes por esos servicios.
El exsecretario de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia de La Plata, Néstor Omar Pulichino, es otro de los nombres involucrados en la causa. Si bien no era mencionado como uno de los hombres más cercanos al entonces Jefe Comunal, ambos mantenían una relación de años y el hombre del PRO le abrió las puertas al Ejecutivo capitalino a pesar de su pasado massista.
Pulichino trabajó junto a Garro como secretario administrativo y prosecretario legislativo cuando el exmandatario local era legislador provincial, entre 2009 y 2013. Sin embargo, años después el exsecretario decidió pegar el salto a las filas del Frente Renovador, selló con el cual afrontó un mandato en el Concejo Deliberante de Esteban Echeverria y en 2015 fue candidato a intendente por el mismo espacio.
A pesar de su incursión en las filas del tigrense, años después llegó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que conducía María Eugenia Vidal, ocasionando una ola de cuestionamiento dentro de algunos sectores del FR en el marco del sugerido “cogobierno” del massismo y el PRO.
Tras su paso por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, el hombre desembarcó en el área de seguridad de La Plata tras un acuerdo entre Garro y el massismo. Allí, empezó a construir su camino junto a Dario Ganduglia, hombre de confianza del intendente. Cuando este último pasó a conducir el Concejo Deliberante, Pulichino quedó al frente de la Secretaría de Políticas Públicas en Seguridad y Justicia.
Además, al frente de este área sensible, Pulichino comenzó a tener bajo su ala varias direcciones que no terminaron con un expediente muy pulcro. Uno de sus asesores, Facundo Pérez, renunció a su cargo en diciembre de 2021, pero siguió cobrando su sueldo hasta noviembre del 2023.
Otro de los que renunció y siguió cobrando su sueldo fue el ex Director General de Habilitaciones, Dario Musto. El oriundo de Melchor Romero llegó al Ejecutivo de la mano de Nélson Marino, uno de los hombres de confianza de Garro durante su primera administración, al ser nombrado director de la Terminal de Ómnibus de La Plata, un área que conocía pues fue durante largos años chofer de la Línea Siete. Luego, pasó a ocupar una banca en el Concejo Deliberante y también estuvo al frente de una de las áreas de la secretaría de Desarrollo a la Comunidad, hasta llegar bajo el ala de Pulichino.
Su área está bajo la lupa en esta causa por los estrepitosos nombramientos durante su administración, entre los que se encuentra el de su sobrina, que fue contratada por tres meses unas semanas después de abandonar el cargo.