Municipios de todos los colores están afectados por la disminución de los fondos otorgados por la Provincia. Los reclamos a Kicillof
Los intendentes piden respuestas a Kicillof
La profundización de la crisis económica en la provincia de Buenos Aires comienza a repercutir con fuerza en los municipios, que afrontan el cierre del año con números en rojo y una inquietud creciente respecto de su capacidad para garantizar el pago de salarios y del medio aguinaldo de diciembre.
Si bien desde la gestión de Axel Kicillof se repite que la deuda superior a los 12 billones de pesos que la administración nacional mantiene con la provincia impacta de manera directa en la caída de los recursos coparticipables que reciben las comunas, la cierto es que el Gobierno provincial tampoco puede eludir sus responsabilidades directas a una mala administración de los recursos.
A este cuadro se suma una recaudación propia en retroceso, producto del freno de la actividad, el avance de la morosidad en las tasas locales y una presión cada vez mayor sobre los sistemas municipales de salud y asistencia social.
En ese contexto, gran parte de los distritos ya opera con déficit y varios intendentes admiten que el equilibrio financiero resulta hoy inalcanzable sin recurrir a ajustes, recortes o incluso la declaración de la emergencia económica. Hasta el momento, seis municipios formalizaron ese mecanismo, aunque en privado los jefes comunales reconocen que la nómina de distritos comprometidos es considerablemente más extensa.
El caso más emblemático es Azul, donde la emergencia rige desde 2024 y fue prorrogada nuevamente en septiembre de este año. El esquema contempla congelamiento salarial, un recorte del 15% para funcionarios —incluido el intendente Nelson Sombra—, eliminación de viáticos y reducción de compras. Pese a estas medidas, el déficit pasó de $4.486 millones a fin de 2024 a $3.122 millones en agosto, una mejora aún insuficiente para recuperar la estabilidad fiscal.
En Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera dispuso la emergencia en abril mediante el Decreto 838, al atribuir la situación a la “asfixia económica” derivada de las políticas nacionales y a la caída de la recaudación local. En 9 de Julio, la intendenta María José Gentile adoptó una resolución similar a mitad de año, en un distrito además golpeado por los efectos de las inundaciones.
A principios de mayo, el intendente de Guaminí, José Augusto Nobre Ferreira, congeló los salarios y redujo al mínimo el pago de horas extras, en el marco de una declaración de emergencia económica. Además, dispuso la suspensión de subsidios institucionales y sociales, la paralización de ingresos de personal y una revisión general de los contratos vigentes.
A pesar de la compleja situación financiera de la localidad que impacta todos los meses en el bolsillo de los trabajadores, el Gobierno bonaerense autorizó una obra de $1.224.372.334 para la “puesta en valor” y “embellecimiento” del Palacio Municipal, un gasto que sin lugar a dudas no es prioritario. El monto, en comparación con la cantidad de vecinos, equivale a que cada habitante aportara más de 101 mil pesos para financiar la reforma del edificio público.
En paralelo, el Municipio de Saavedra recortó el 13% de los sueldos a funcionarios y concejales hasta fin de año. El jefe comunal, Matías Nebot, explicó que estas medidas, que calificó como difíciles, "son necesarias para garantizar el pago de salarios y la continuidad de los servicios esenciales, en un contexto de fuerte caída de la recaudación y agravamiento del déficit municipal".
En ese sentido, manifestó que la comuna de Saavedra viene afrontando un déficit en sus finanzas desde el año 2019, que se vio agravado por las políticas económicas de ajuste que se implementaron en el último año.
En Tapalqué la emergencia económica se activó a fines de octubre. El intendente peronista Gustavo Cocconi presentó un “plan de optimización de recursos” con el que buscará garantizar el pago de salarios a costa de recortar fondos de otras áreas. La emergencia incluye “diferentes políticas de gestión, compra y recaudación para optimizar la administración ante la situación crítica que ha generado la política que desarrolla el Gobierno nacional”.
Cocconi dispuso que los salarios de los funcionarios podrán ser postergados respecto de los trabajadores municipales, suspendió las bonificaciones de los cargos jerárquicos y le recortó el 20% del salario a los funcionarios que no perciban estos bonos. Además, realizó un relevamiento en distintas áreas municipales para redistribuir las horas extras, lo que permitió una “reducción significativa del gasto”.
En tanto, en el municipio de General Guido, el intendente Carlos Rocha comunicó un plan de ajuste económico “ante la difícil situación que atraviesa el país”. La medida incluye la reducción de horas extras, una revisión integral de los gastos generales y un recorte del 10% en los sueldos de los funcionarios del Departamento Ejecutivo, incluidos el jefe comunal y los cargos de ley.
Aunque no recurrieron formalmente a la emergencia, otros municipios -entre ellos Rauch, General Madariaga, Adolfo Alsina, Saavedra-Pigüé, Rojas, Ramallo y Olavarría- exhiben señales de estrés financiero que encienden alertas ante un cierre de año que se anticipa particularmente exigente para la administración local.
El intendente radical de Rojas, Roman Bouvier, anticipó que analiza declarar la emergencia económica en el corto plazo para avanzar con medidas que contemplan recortes en la estructura política a través de la eliminación de secretarías, reducción del gasto corriente y una revisión general de la administración local.
Su correligionario de General Madariaga, Carlos Santoro, redujo temporalmente su salario y de todo su Gabinete con el objetivo de asegurar el pago del salario de la planta ante la caída en el ingreso de fondos coparticipables y baja en la recaudación. Además, se dispuso una revisión de los gastos generales, eliminando rubros no prioritarios, y el congelamiento de vacantes, con el fin de optimizar los recursos disponibles.
Los jefes comunales boinas blancas, nucleados en el Foro de Intendentes Radicales se reunieron con los ministros de Kicillof y le llevaron un pergamino de reclamos con algunos ejes centrales: la cancelación de deudas por obras ejecutadas y programas en curso; el pago de compromisos atrasados vinculados a IOMA, IPS, Juegos Bonaerenses y otros convenios; y la posibilidad de anticipos de fondos o mecanismos extraordinarios de financiamiento para atender gastos corrientes. En resumen, dinero.
En ese sentido, hay intendentes que sostienen que Axel Kicillof benefició a los distritos conducidos por miembros de su partido en la distribución del presupuesto. Esto no fue dicho por los opositores, sino que dentro del peronismo ya hay posiciones cruzadas y la interna vuelve a quedar expuesta, ya que desde algunos sectores se sugirió que se destinan más fondos a aquellos lugares cuyos intendentes forman parte del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Kicillof. A esto se le suma la declaración de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y militante de La Cámpora, la cual reclamó el Fondo para municipios y pidió “seriedad” tras la presentación del Presupuesto bonaerense.
Fue así que Jefes Comunales y legisladores que responden a Cristina Fernández de Kirchner firmaron un documento donde advierten que “el Presupuesto 2026 de la Provincia profundiza las desigualdades territoriales”. En el mismo se apunta que para la ciudad de La Plata -gobernada por Julio Alak, miembro de confianza de Kicillof- se proyecta una inversión de más de $110.000 por habitante. San Martín, lugar del ministro Gabriel Katopodis, le sigue con $96.967; mientras que Quilmes y Lomas de Zamora, por ejemplo, rondan los $20.000.
“El esquema de inversión planteado por el Ejecutivo profundiza las brechas territoriales concentrando recursos en La Plata y castigando a los distritos gobernados por dirigentes ligados a La Cámpora -como Quilmes, Lanús y Hurlingham-, que reciben mucho menos por habitante”, detalla el escrito e insisten en que el presupuesto “prioriza afinidades políticas por sobre criterios de equidad territorial. Lejos de cerrar las brechas profundiza desigualdades estructurales entre la capital provincial y los grandes municipios del conurbano bonaerense”.
Esta no es una discusión nueva, vale recordar que en plena campaña electoral fue el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner quien en un acto expresó: “Qué linda que está la ciudad de La Plata. Ojalá el Gobernador ponga la misma en Quilmes que en la ciudad de La Plata. Quilmes lo necesita también”. Algo similar ocurrió cuando el Gobernador realizó la presentación del Presupuesto 2026 y Mendoza reclamó que “hay números de otros ítems pero no del Fondo de Fortalecimiento para municipios”, sin embargo, reconoció: “Sabemos que la provincia está en emergencia y todo lo que sucede de Nación a Provincia, sucede a Municipios y la Legislatura”.
Con el cierre del año cada vez más cerca, la situación financiera de los municipios bonaerenses es un espejo del ajuste nacional hacia el territorio que reclama fondos. Las emergencias declaradas, los recortes, los atrasos en pagos de salarios y a proveedores y reclamos cruzados dentro del propio oficialismo provincial, los intendentes ya dan por hecho que el 2026 comenzará con una situación económica aún más exigente y estrecha.
En la provincia más grande del país, la pregunta que sobrevuela en todos los distritos es la misma: cómo sostener servicios esenciales, salarios y funcionamiento institucional en un esquema donde los recursos se achican y las tensiones políticas se agravan. Todo esto dejó en evidencia que la disputa por los recursos tensó incluso a los distritos gobernados por el mismo espacio político, como ya se nombró, para varios intendentes, la puja interna por la asignación de partidas se transformó en un nuevo obstáculo en medio de la crisis. El desafío, advierten, ya no es sólo fiscal sino que queda expuesta la gobernabilidad.