El titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), Miguel Blanco, habló en Radio Rivadavia y adelantó que las auditorías en las cuentas de las Universidades, iniciarán en las facultades de la Casa de Estudios de Buenos Aires (UBA), debido a que es de las más masivas y “una de las que adeuda varios informes”.
En ese sentido, detalló: “Dentro del cronograma vamos a privilegiar a las universidades que tienen mayor volumen de presupuesto. Probablemente arrancaremos por la UBA”. Contó que el procedimiento iniciará con un relevamiento de los procesos internos de cada repartición, luego se realiza una identificación de los controles, relativo a los movimientos de fondos, y en tercer lugar se ponen a prueba para evaluar su funcionamiento.
“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo con los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaria General de la Presidencia. También al rector”, mencionó al respecto de cómo será el proceso en cada unidad académica, el cual arrojaría resultados en el plazo de un mes.
Por su parte, aseguró que desde las Universidades reciben de forma positiva la auditoría de la SIGEN, porque “les ayuda a mejorar sus procesos y brindan capacitaciones a las unidades de auditoría interna”. “Si hay un actor de la sociedad que debe dar el ejemplo de transparencia son las universidades”, sostuvo Blanco, quien reveló que empezarán las auditorías en las facultades esta semana.
Sobre el resto de las casas de altos estudios, mencionó que “estamos reestructurando el equipo que estaba auditando universidades y estamos empezando algunas de las auditorías. La idea es que armemos un cronograma porque no podemos auditar las 60 universidades a la vez, y reforzar los equipos”. Además, insistió en iniciar el proceso por las que no han rendido cuentas en los últimos años.
Sobre las mismas, detalló que, de encontrar irregularidades, primero se llevará la información a las autoridades de cada establecimiento, para evitar “conflictos de interpretación” y, de confirmarse, se derivará el informe a la Oficina Anticorrupción y a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.