Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político contra integrantes de la Corte Suprema de Justicia a través de una convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de enero.
La convocatoria saldrá “la semana que viene”, adelantó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y la solicitud de juicio político “será parte del temario”. El mismo alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
De esta manera, la iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones, y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada ley 24.937.
Otra cuestión a analizar es la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese caso, la funcionaria evaluó que el máximo tribunal “violó la división de poderes” al tratarse de un tema “que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias”.
El Presidente, que cuenta con el apoyo de 11 gobernadores, basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que dice que la Cámara de Diputados “ejerce el derecho de acusar ante el Senado a los miembros de la Corte Suprema (...) por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones”.