La Justicia federal incorporó como prueba clave a la causa madre de las facturas truchas. El escándalo fiscal suma ramificaciones y no deja de sorprender
Lo que comenzó como una investigación por megrafraude fiscal, terminó exponiendo una red de relaciones entre empresarios, contadores, prestanombres y exfuncionarios con poder. La causa, que tiene como principal imputada a Natalia Foresio, ya no es solo una carpeta de facturas truchas: el expediente desnudó uno de los circuitos de privilegios más oscuros de los últimos años en La Plata.
Es que tal como adelantó en exclusiva El Editor Platense, en su origen, la causa alcanzó al exintendente Julio Garro, como a nombres cercanos a él: José María Spinelli, y a dos de sus socios: Juan Manuel Formino y Joaquín Nicolás Hoz, gerentes de Bakim S.R.L. Pero el escándalo escaló aún más. Hoy la lupa judicial no solo apunta a ese entorno empresarial-político, sino que avanza sobre nuevas figuras que hasta hace poco solo aparecían como testigos en la causa madre, como la contadora Carolina Bucchino, excolaboradora de Foresio, a quien esta última denunció por defraudación en 2020.
Esa denuncia fue aceptada por el juez federal Ernesto Kreplak como prueba clave, y se suma a otra investigación paralela que involucra a Bucchino en maniobras de corrupción en el Ministerio de Transporte bonaerense durante la gestión de Jorge D’Onofrio. De esta forma lo que inició como denuncias cruzadas de dos profesionales que compartieron lugar de trabajo en un estudio contable, hoy se expande como una mancha de aceite, y amenaza con salpicar a más de uno. Empresarios y políticos, se sienten acorralados frente a otra olla que se puede destapar.
¿De qué trata la denuncia incorporada al expediente? La acusación que Natalia Foresio presentó en 2020 -antes de que quede imputada- contra su entonces colaboradora, Carolina Antonella Bucchino, por presunta defraudación, es un reclamo judicial que describe una maniobra en la que Bucchino habría utilizado claves fiscales de clientes del estudio para emitir facturas falsas a nombre de sociedades vinculadas a su entorno familiar. Ese documento, considerado central por la defensa de Foresio, compuesta por los letrados Miguel Molina y Alfredo Gascón, contiene el reconocimiento por parte de Bucchino de que utilizó el estudio contable para actividades que excedían el vínculo profesional pactado.
Esta resolución judicial implica, de hecho, una validación procesal de la denuncia de Foresio, que hasta ahora estaba paralizada y en el olvido. Su defensa insiste en que la causa no comenzó con su procesamiento, sino con esa presentación previa, en la que advertía que había sido víctima de un abuso de confianza y una operación ilegal a sus espaldas.
La situación de Bucchino no solo se complejiza por esta incorporación a la causa federal. En paralelo, la fiscalía a cargo de Álvaro Garganta reveló que su nombre también aparece en otro expediente por corrupción, vinculado a supuestas maniobras irregulares en el Ministerio de Transporte bonaerense, durante la gestión de Jorge D’Onofrio.
Una de las operaciones más llamativas de esa causa gira en torno al alquiler de un inmueble en La Plata (calle 6 entre 44 y 45) por parte del Ministerio, a favor de una sociedad fantasma llamada Mobmenza Desarrollos SRL, creada apenas un día antes de que se firmara el contrato. La propiedad fue utilizada como sede de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, pero fue desocupada de manera repentina tras el cambio de gobierno, cuando se detectaron irregularidades graves en la operación.
Detrás de Mobmenza aparecen como socios Florencia Mendoza Samudio, beneficiaria de AUH, Plan Hogar y Refuerzo de Ingresos, y Bernardo Rubén Moreno, empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense. Según la investigación, Mendoza era empleada doméstica en la casa de Matías Desio, hermano del empresario Sebastián Desio, favorecido con la licitación del sistema de turnos para las VTV.
La Justicia sospecha que el armado societario fue diseñado con ayuda de profesionales en contaduría y estructura jurídica. En ese circuito, el nombre de Bucchino volvió a aparecer como posible facilitadora.
La incorporación de la denuncia contra Bucchino no es más que otra ramificación de la causa madre que abre un nuevo frente judicial con consecuencias imprevisibles, porque del otro lado del expediente, la Justicia también sigue el rastro de los contratos millonarios que el exintendente Julio Garro otorgó durante su gestión a empresas como Bakim S.R.L.
Ni hablar de la información que incorporó este medio sobre la empresa CIAURRIZ S.A., protagonista de por lo menos once procesos importantes de licitación pública entre 2021 y 2023 en La Plata, protagonista indiscutida de la obra pública bajo el mandato de Garro. CIAURRIZ S.A. está en la mira por la adjudicación de una millonaria obra del presunto jardín municipal maternal en Los Hornos, del que nada se sabe.
En este contexto la causa, con un perjuicio fiscal que ascendería a más de 40 mil millones de pesos, hoy, ya no puede dividirse en compartimentos estancos. Las conexiones entre evasión fiscal, estudios contables, empresarios amigos del poder y exfuncionarios salpican tanto a la política municipal como a la administración provincial. Y si algo quedó claro en las últimas semanas es que el escándalo no terminó de estallar: recién está tomando forma.