La fiscal Viviana Arturi fue designada para reemplazar a Lucas Domski, quien se apartó del caso por su amistad con Facundo Albini, uno de los principales acusados. Arturi forma parte de la agenda del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°5 de La Plata en el periodo 2025/2026, el mismo que tiene a su cargo el juicio. Por otro lado, también faltaba completar la integración de ese tribunal. El lunes juró el juez Lucas Massaccesi, que se suma a Carmen Palacios Arias y Ezequiel Medrano. Con estas incorporaciones, el TOC N°5 ya quedó conformado y estaría en condiciones.
Pero, a pesar de estos avances, los tiempos siguen siendo un problema. Por un lado, la causa todavía no llegó formalmente a la fiscalía de Arturi, lo que demora su intervención efectiva. Por el otro, si el juicio se programa más allá de 2026, la fiscal debería excusarse y el caso volvería a foja cero en materia de acusación. A esto se suma otro factor: varios imputados son abogados, lo que podría multiplicar los planteos de recusación y excusación a lo largo del debate.
En los pasillos judiciales circula la idea de que la fecha de inicio quedará atada a las elecciones legislativas de octubre, donde se renuevan bancas con dirigentes del mismo espacio político de algunos acusados. En ese sentido, fuentes consultadas por este medio reconocieron que “nadie quiere que este juicio se cruce con la campaña, porque sería un escándalo político en plena disputa electoral”.
Un funcionario del fuero penal lo resumió de esta forma: “La producción de prueba está lista para arrancar, pero el termómetro político pesa tanto como el judicial. Si no se pone fecha antes de octubre, lo más probable es que todo quede para después de las elecciones”.
El avance actual se explica por un hecho que sacudió al caso hace apenas un mes, que fue la excusación del fiscal Lucas Domski. El funcionario reconoció tener una relación personal con el exconcejal platense Facundo Albini, uno de los principales acusados junto a su padre Claudio y a Julio Rigau, alias “Chocolate”.
En su escrito, Domski admitió haber visitado a Albini en la alcaidía cuando fue detenido y explicó: “La relación de amistad íntima y personal que tengo con él viene desde hace ya muchos años, ya que lo he conocido en la Universidad, forjando un vínculo que luego trascendió lo académico y se trasladó a su núcleo familiar”.
Ese vínculo generó un terremoto en los tribunales. No solo por el apartamiento en sí, sino porque dejó la sospecha de que otros funcionarios del fuero podrían estar en situaciones similares con imputados del caso, muchos de ellos con años de militancia en la política platense.
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Con la designación de Arturi, el proceso volvió a encarrilarse. “La fiscal es muy profesional, pero el problema es que depende de cómo se organicen los tiempos. Acá lo político puede marcar los plazos del judicial”, dijo otra fuente en diálogo con El Editor Platense.
Caso Rigau: qué se investiga
El caso “Chocolate” destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en la Legislatura bonaerense. El 9 de septiembre de 2023, Rigau fue sorprendido en un cajero del Banco Provincia con 48 tarjetas de débito que no eran suyas. Con ellas retiraba dinero de supuestos empleados de la Cámara de Diputados bonaerense que en realidad no trabajaban allí.
Según la investigación de la fiscal Betina Lacki, Rigau era el recaudador de un sistema de financiamiento político ilegal. Los fondos iban a parar a sus jefes, Claudio y Facundo Albini, quienes se habrían beneficiado durante al menos dos años con un desfalco de casi $400 millones, cifra que aún se actualiza por inflación.
Los chats encontrados en el celular de Rigau muestran que el mecanismo se llevaba a cabo a través de empleados fantasma que figuraban en la nómina oficial, sueldos que se cobraban con las tarjetas, rendiciones en efectivo y un porcentaje mínimo para los supuestos trabajadores. Uno de ellos llegó a pedir que lo dieran de baja porque no podía cobrar asignaciones sociales mientras figurara como empleado legislativo.
Rigau era el eslabón más visible de la maniobra, el hombre encargado de ir a los cajeros y retirar el dinero. El puntero del PJ platense, con años de militancia en el barrio, se ocupaba de juntar la plata de las tarjetas y entregarla después. Su función era la del recaudador, el que ponía la cara y asumía el riesgo.
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Arriba suyo, según la acusación, estaban los Albini. Claudio, histórico dirigente de la Legislatura y exsubdirector de Personal de Diputados, tenía la llave del engranaje y era quien garantizaba que los contratos truchos se sostuvieran y que las tarjetas siguieran activas. Su hijo Facundo, concejal y referente del massismo en La Plata, aparece en los chats como el que recibía reportes directos de Rigau y supervisaba las cuentas.
Debajo de ellos, un entramado de más de 40 titulares de tarjetas prestaba sus plásticos. Eran los llamados “ñoquis”: figuraban como empleados, pero no cumplían funciones. A cambio, recibían una parte del sueldo, mientras que el grueso terminaba en manos de los Albini.
Un investigador del caso lo explicó de forma sencilla: “Rigau no era un lobo solitario. Era el cajero humano de una estructura que dependía de la política. Los Albini eran los jefes; los titulares de las tarjetas, la fachada”.
Qué se viene ahora
El Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata deberá definir las audiencias preliminares, donde se ordenan las pruebas, los testigos y la dinámica del debate. Sin embargo, aún no hay fecha. En privado, los magistrados reconocen que no quieren “arriesgarse a fijar un cronograma que quede enredado en plena campaña electoral”.
Un operador judicial explicó que el expediente “ya tiene todos los condimentos”, política, plata y poder. “Si lo largás en septiembre, explota en la campaña. Si lo dejás para después, la causa corre el riesgo de dormirse”, opinó.
Mientras tanto, Rigau sigue bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica. “Tiene control cardiológico permanente, que se hace de manera periódica”, dijo su abogado Miguel Molina al ser consultado sobre su estado de salud. En cuanto a los Albini, también fueron beneficiados con la domiciliaria. Los demás imputados, en su mayoría titulares de las tarjetas, esperan llegar al debate en libertad.
