El Gobierno nacional, a través del abogado Santiago Viola -apoderado de La Libertad Avanza- estaría en plena negociación con los damnificados por la promoción de la criptomoneda $Libra, para que levanten las acusaciones contra Javier Milei y Karina Milei. El abogado Gregorio Dalbón pinchó el globo con argumentos legales.
Según publicó el periodista platense Hugo Alconada Mon en La Nación, Viola "se reunió con emisarios de los afectados en la Argentina por la operatoria que tiene como protagonistas al estadounidense Hayden Davis y a los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y que el jefe de Estado impulsó con un posteo, el 14 de febrero". El objetivo de las conversaciones es "resarcir" a las víctimas, a cambio de que retiren las acusaciones contra el presidente de la Nación.
"La idea es arreglar con los inversores para que, al no haber ‘estafados’, se caiga la acusación por ‘estafa’”, subrayaron. Asimismo, aseguraron que "la condición insoslayable para hablar es que primero despeguen al Presidente, porque no cometió ningún delito”.
El caso $Libra en la otra vereda
Enterado del artículo, Gregorio Dalbón -uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner- desactivó la maniobra que contó Alconada Mon con fundamentos jurídicos: "en delitos de acción pública la decisión de algunas víctimas de desistir, arreglar o no seguir en la querella no extingue la acción penal", alertó.
Y agregó: "Nuestro sistema parte de una idea básica: en hechos de corrupción y estafas masivas, la persecución penal no depende de la voluntad de los damnificados, sino del Estado, a través del Ministerio Público Fiscal". En ese sentido, explicó que, "la doctrina y la jurisprudencia son constantes en un punto: si pudiera “comprarse” el silencio de las víctimas, todas las causas penales se cerrarían con plata y el derecho penal dejaría de cumplir su función pública".
Por otra parte, el letrado adelantó que "nuestros representados han decidido no transar ni acordar al menos hasta que exista procesamiento de Javier y Karina Milei. Y, llegado el caso, cualquier eventual acuerdo civil futuro podría celebrarse sin renunciar a la acción penal, entre otras razones porque hay damnificados que ni siquiera están presentados en la causa".
Finalmente, dejó en manos de la Justicia el avance de la causa: "Aun con el impulso a veces flojo o cansino del fiscal Taiano, la acción penal va a continuar: primero, porque se trata de un delito de acción pública; segundo, porque existe una denuncia nuestra que obliga a investigar, más allá de los vaivenes individuales de las víctimas".