Dueño de la porción más valiosa del predio, Victorio Américo Gualtieri, emerge como gran beneficiario del plan Montecarlo. La millonaria licitación y la reunión en Pinamar que hizo ruido por los presuntos vínculos con nombres de peso en la política local
Ibarguren habría ido a una reunión en representación de Gualtieri
El nombre de Montecarlo, una extensa fracción de tierras al norte del partido de Pinamar, volvió a sonar con fuerza en 2021, cuando el entonces intendente Martín Yeza decidió avanzar con la creación de la “Unidad Ejecutora de Control y Desarrollo Urbanístico Sustentable de Montecarlo”, designando al actual jefe Comunal, Juan Ibarguren, como responsable del área.
En aquel momento, Ibarguren se desempeñaba como secretario de Turismo del municipio y encabezó, de forma personal, un relevamiento detallado sobre la titularidad de los terrenos en el predio Montecarlo. Esa información, según advirtieron miembros opositores, se trasladó al Ejecutivo cuando Ibarguren asumió la intendencia, lo que, aseguran, le otorga un conocimiento privilegiado sobre la propiedad de las tierras y los planes proyectados para el área. “Sabe a quién le pertenece cada parte y qué se planea hacer ahí”, precisó el exsecretario de Turismo, Lucas Ventoso, quien asumió el cargo al inicio de la administración del PRO y presentó su renuncia en los últimos meses por diferencias con el enfoque del proyecto.
A seis meses de su asunción, Ibarguren lanzó un ambicioso plan de reordenamiento urbano que volvió a encender las alarmas. Para algunos actores políticos, más que un intento por urbanizar Montecarlo y hacer crecer a Pinamar, el proyecto refleja un giro hacia intereses inmobiliarios. “No es que empezaron a pensar en poblar Montecarlo; lo que hicieron fue interiorizarse en el negocio inmobiliario que hay ahí”, denunció Ventoso.
“Concluir con el Plan Director es una exigencia provincial a través de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, dependiente del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires”, precisó el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, al ser consultado por El Editor Platense y resaltó que “no hay nada raro” detrás del desarrollo de este proyecto.
Como ya mencionó este medio en su edición anterior, entre los propietarios de los terrenos en Montecarlo hay vecinos particulares que lo adquirieron hace décadas, pero el espacio sin urbanizar tiene cuatro importantes propietarios: Montecarlo Real Estate S.R.L, Pinamar S.A., El Martillo S.R.L., Dunas S.A. de los cuales, dos se destacan por ser parte de los grandes negociados en la Costa Atlántica.
En Montecarlo Real Estate SRL, figura como presidente Roque Fernández (expresidente del Banco Central, ministro de Economía de Menem y asesor de Javier Milei en la campaña presidencial), y el real propietario es Victorio Américo Gualtieri. En tanto, Dunas S.A., es de Daniel Mautone. Uno de los pesos pesados en el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires y socio de Daniel Angelici. Incluso, su empresa Casino Victoria S.A. explota el bingo de Pinamar.
Gualtieri es dueño de las tierras desde la mitad de Montecarlo hasta la Costa y tiene los terrenos para construir edificios multifamiliares e incluso, las torres de 25 pisos. Mautone controla el área que va hasta la Ruta 11 y están destinados a desarrollos residenciales unifamiliares y comercios.
Durante el proceso de registro de titulares del predio Montecarlo, Ibarguren habría mantenido una reunión con actores clave vinculados a las extensiones de tierra en la zona. Según confirmó una fuente a El Editor Platense, de ese encuentro participaron abogados de Pinamar S.A., representantes del empresario Daniel Mautone y, de manera llamativa, no asistió Victorio Américo Gualtieri, uno de los mayores propietarios del predio.
Siempre bajo los dichos de la fuente, lo que generó sorpresa entre los presentes fue que el propio Ibarguren se presentó como representante de Gualtieri. Pero la relación entre el empresario y la gestión municipal no se limitaría a esta reunión.
En los últimos meses, la Municipalidad de Pinamar adjudicó a la firma Sabavisa S.A. de la familia Gualtieri la construcción de una planta depuradora de efluentes cloacales, con una inversión estimada en 19 mil millones de pesos, financiada por el Gobierno nacional. Esta obra es clave para la región, pero aún más determinante para el avance del desarrollo de Montecarlo.
“Actualmente en Montecarlo no hay infraestructura de servicios, no se puede construir porque hay una suerte de restricción y no tiene indicadores urbanísticos”, mencionó Ibarguren en 2021, siendo titular del área de Turismo. El plan integral de esta Planta consta de cuatro módulos y el proyecto que está en marcha contempla la finalización del primer módulo en un plazo de dos años. El primer módulo será suficiente para atender la red actual de cloacas y las conexiones existentes, que representan la cobertura total del servicio en las áreas de Pinamar, Valeria, Ostende y Cariló, explicaron desde la Comuna. Si se concluye el proyecto, la planta contaría con una capacidad final para atender a 220.000 personas. Incluso, en el Plan Pinamar 2025 consideran que esta obra es vital para avanzar.
“El Plan Integral de la Ciudad no tiene que ver solamente con el urbanismo o el diseño de dónde van a ser las zonas comerciales o familiares, sino también de aspectos ambientales, que es el principal aspecto que cubre este plan. Esto tiene que ver con obras de infraestructura, como la planta depuradora que tiene que haber en el futuro para que no pase lo que nos pasó, de tener que estar esperando tanto una planta depuradora, sino que desde el arranque, un privado tenga que invertir primero en la infraestructura de la ciudad”, expuso.
El proyecto integral contiene cuatro etapas: la primera, que implica realizar estudios sobre el territorio y la sociedad, ya fue culminada. Luego, sigue el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, la actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), y la cuarta, vinculada a la Sustentabilidad Hídrica y Medioambiental. Todas las instancias están en manos de la Secretaría de Planeamiento, a cargo de Ricardo Riddick, un hombre con historia en La Plata.
Riddick estuvo bajo el mismo cargo en la Municipalidad de La Plata, en la intendencia de Pablo Bruera, e incluso se lo vinculó en la causa de coimas en el marco del Plan Procrear, que terminó con la condena del hermano del exintendente, Mariano Bruera, quien fue absuelto dos años después. En medio del escándalo que desató el avance sobre el proyecto Montecarlo, los propietarios y sectores de la política temen que se replique el viejo entramado de la capital bonaerense en las arenas de Pinamar.
Durante la administración de Pablo Bruera, su hermano -según denunció el empresario Guillermo Andreau- encabezaba una banda que pedía coimas para rezonificar terrenos a través de una maniobra que requería del aval de secretarios de áreas claves como la de Planeamiento. Riddick fue absuelto en la causa y solo se llegó a decir que obraba a través de intermediarios y solo aparecía al momento de estampar la firma para hacer excepciones. Más allá de intentar que sus dedos no queden marcados en el plato, el nombre de Riddick aparece apuntado en la explosiva planilla Excel que, según la fiscalía del caso, expone el entramado irregular.
Ahora, Riddick tendrá la misión de encabezar la producción de un nuevo Código que reemplace al que está vigente hace cuatro décadas en la localidad costera y que tiene algunas modificaciones, como la que se realizó a finales de los ‘90 impulsadas por un equipo de profesionales, entre los que se destaca su participación. Otro nombre que se replica de las viejas épocas es el de Julio Falbo, quien se desempeñó como Director de Obras Particulares de Pinamar desde 1991 hasta 2007 y retomó a la función pública a mediados de 2018.
La mano de viejos conocidos en el proyecto no cayó muy bien entre los propietarios particulares de Montecarlo, quienes a partir del informe realizado por este medio se están organizando para “no salir perdiendo” en esta jugada. “Sabemos que lo que pasa en Pinamar es corrupción total”, adelantaron al contactarse con esta redacción.
En ese sentido, contaron que muchos de los titulares adquirieron el terreno hace décadas e incluso, muchos son herederos, pero “no vamos a permitir, bajo ningún punto de vista que nos pasen por arriba. Sabemos que luchamos contra gente muy poderosa, pero vamos a defendernos”, enfatizaron y contaron que están a la espera de poder tener una reunión con la Comuna y las partes empresariales.
Durante el verano, Pinamar se suele convertir en territorio de rosca y campaña, pero también se volvió un mercado inmobiliario llamativo para funcionarios y legisladores que tienen negocios en la construcción. Uno de ellos es el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien desarrolló al menos 14 proyectos inmobiliarios bajo el nombre ‘Solares de Donato’.
Como bien informó El Editor Platense, la Justicia Federal avanzaba a paso firme en la causa que investiga al principal armador del partido amarillo en la provincia de Buenos Aires.
El expediente pone en la mira una compleja red de sociedades que incluyen desarrollos inmobiliarios y una gran estructura offshore en los Estados Unidos y las Islas Vírgenes. La denuncia surgió el año pasado tras una investigación periodística y fue presentada en Comodoro Py por el abogado bonaerense Jeremías Rodríguez.
Según presentaciones incorporadas a la causa, incluidos relevamientos catastrales y documentación a la que accedió El Editor Platense, el paquete suma 14 desarrollos con unas 373 unidades funcionales y un potencial de ventas estimado en más de USD 55 millones.
El salto a la costa llegó con Solares de Donato XIV, La Frontera (Pinamar Norte) y un paquete más amplio de inmuebles con un edificio de seis pisos sobre Av. Constitución al 800 en pleno centro. También incluye lotes en el country La Herradura, donde vecinos hablan de una “mansión” que unifica al menos 7 parcelas que le pertenecen a Ritondo; sumado a un terreno de más de 2.100 m2 en Pinamar Norte y pedidos municipales para unificar otros lotes que están en pleno trámite. Parte de esas propiedades habrían sido transferidas, pero otras siguen ligadas a la firma, según los papeles exhibidos en la denuncia ampliada.
Por su parte, Yeza e Ibarguren estarían distanciados por el rumbo de los proyectos vinculados a Montecarlo, algo que no opacaría en que los dos reconozcan en Cristian Ritondo a su jefe político.