El intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, avanza sobre un frente costero virgen. Los movimientos que despiertan sospechas y los empresarios involucrados
El intendente de Pinamar, un funcionario, y dos empresarios, los nombres involucrados
La localidad bonaerense de Pinamar se encuentra en el centro de una transformación urbanística tan ambiciosa como polémica. El intendente Juan Ibarguren impulsa el proyecto “Pinamar 2050”, que alcanza a Montecarlo, una franja costera virgen de alto valor ambiental, con la promesa de duplicar la población. Detrás del proyecto emergen denuncias de negocios millonarios y una trama político-empresarial.
El objetivo del flamante proyecto es duplicar la población estacional en temporada alta, de 300.000 a 600.000 personas, generando impacto económico, social y turístico para las próximas tres décadas. Al respecto, el intendente costero aseguró que “es fundamental invertir en infraestructura y establecer lineamientos claros para el desarrollo urbano”.
Asimismo, insistió en que “este plan incorpora años de trabajo en conservación ambiental, garantizando la preservación de los recursos naturales –como el acuífero y los médanos– a través de estrategias como la renaturalización de las playas y la movilidad sustentable”, hecho que, a su parecer, les “permitirá consolidar a Pinamar como una ciudad modelo en términos de equilibrio entre crecimiento y cuidado del medio ambiente”.
Sin embargo, detrás de este ambicioso desarrollo hay nombres que formarían parte de un entramado político y empresarial. Lucas Ventoso, quien asumió el cargo de Secretario de Turismo de la Municipalidad de Pinamar en diciembre de 2023, tras la llegada del intendente Juan Ibarguren, renunció meses atrás por diferencias políticas con la gestión. Uno de los puntos que implosionó la relación fue Montecarlo.
Según informó el medio local Berlín Arenabox, el ahora exfuncionario denunció que el proyecto de urbanización de la histórica zona se fue trazando cuando Ibarguren era Secretario de Turismo y Desarrollo Económico, bajo la intendencia de su predecesor Martín Yeza. “Se armó un registro para que él sea el responsable de tomar todos los boletos de compraventa y de escrituras individuales de Montecarlo, y era el mismo Ibarguren quien llevaba adelante ese registro”, contó Ventoso.
Tras asumir como Jefe Comunal, según denunció Ventoso, Ibarguren se llevó el registro y avanzó con el desarrollo del proyecto Pinamar 2050 y la creación de un nuevo Código de Ordenamiento, definiendo el uso de suelo de cada parcela, por lo que los terrenos de algunos dueños tendrán un valor mucho mayor que otros de acuerdo a la decisión oficialista. Es decir, fue el crupier del megaproyecto que tiene dos grandes dueños. “El Intendente sabe a quién le tocó un terreno comercial, hotelero, multifamiliar y a quién le tocó una casa”, remarcan desde la oposición.
Asimismo, desde este medio se intentó contactar con el Jefe Comunal, pero no se obtuvo respuesta.
El espacio sin urbanizar está dividido en cuatro grandes macizos, cuyos propietarios son Montecarlo Real Estate S.R.L. (84% de los lotes), Pinamar S.A., El Martillo S.R.L., Dunas S.A. y particulares, quienes adquirieron parcelas en distintas épocas.
En el caso de "Montecarlo Real Estate SRL", el que figura como presidente de la empresa es Roque Fernández (ex presidente del Banco Central y ministro de Economía de Menem), y el real propietario es Victorio Américo Gualtieri, un empresario de la construcción que, durante el gobierno bonaerense de Eduardo Duhalde, se convirtió en el contratista más importante de la Argentina. En solo seis años, el aumento de su patrimonio fue exponencial: pasó de 3 millones de pesos en 1992 a 196 millones. Además, fue condenado por evasión fiscal.
Otra de las grandes porciones de territorio está en manos de Dunas S.A., firma de Daniel Mautone. El hombre es uno de los pesos pesados en el negocio del juego en la provincia de Buenos Aires y socio de Daniel Angelici. Incluso, su empresa Casino Victoria S.A. explota el bingo de Pinamar. Gualtieri es dueño de las tierras desde la mitad de Montecarlo hasta la costa, y Mautone controla el área que va desde Montecarlo hasta la Ruta 11. “El Intendente está en medio de esos dos (Gualtieri y Mautone)”, sostuvo el exfuncionario municipal.
Pinamar se constituyó en un epicentro de la política bonaerense. Durante el verano, se suele convertir en territorio de rosca y campaña, pero también se volvió un mercado inmobiliario llamativo para funcionarios y legisladores que tienen negocios en la construcción. Uno de ellos es el presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, quien desarrolló al menos 14 proyectos inmobiliarios bajo el nombre ‘Solares de Donato’.
Montecarlo es un predio que aloja 500 hectáreas y 2,5 kilómetros de frente marino, en el kilómetro 383 de la Ruta 11. Actualmente está cercado y no se permite el ingreso a la zona. Se trata, junto con Ostende, de uno de los proyectos fundacionales del distrito, pero este, situado en la zona norte. Pese a que nunca se avanzó en su desarrollo, el Jefe Comunal sostiene que “se trata de un lugar virgen, de mucho valor natural y ambiental, y sobre todo, que permite una planificación ajustada a las nuevas modalidades de turismo”.
Desde la Intendencia se busca avanzar en la urbanización del mismo y en el año 2021 se aprobó la creación de la Unidad Ejecutora de Control y Desarrollo Urbanístico Sustentable de Montecarlo, para realizar la regularización dominial. Es decir, que los dueños de los inmuebles urbanos puedan obtener la escritura de sus propiedades, otorgándoles la seguridad jurídica de la titularidad del dominio, operativo que fue administrado, como se mencionó previamente, por el ahora Intendente.
Sin embargo, en Montecarlo no hay infraestructura de servicios, no se podía construir, no había indicadores urbanísticos y había restricciones para ello. Por eso, al llegar a la Intendencia, Ibarguren impulsó la actualización del Código de Ordenamiento Urbano actual, para definir cómo será el crecimiento territorial en las áreas no desarrolladas de la ciudad, abarcando, justamente, a esta área.
El proyecto integral contiene cuatro etapas: la primera, que implica realizar estudios sobre el territorio y la sociedad, ya fue culminada. Luego, sigue el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial, la actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), y la cuarta, vinculada a la Sustentabilidad Hídrica y Medioambiental. Todas las instancias están en manos de la Secretaría de Planeamiento, a cargo de Ricardo Riddick, un hombre con historia en La Plata.
Riddick estuvo bajo el mismo cargo en la Municipalidad de La Plata, en la intendencia de Pablo Bruera, e incluso se lo vinculó en la causa de coimas en el marco del Plan Procrear, que terminó con la condena del hermano del exintendente, Mariano Bruera, quien fue absuelto dos años después.
El denunciante había acusado a Mariano Bruera de pedir 220 mil dólares para rezonificar terrenos y que, en el medio, participaron múltiples funcionarios que intervinieron en sus áreas para sellar el acuerdo. Riddick, por ejemplo, habría hecho excepciones e indicado a quiénes debían hacer el pago ilegal, y su nombre aparece apuntado en la explosiva planilla Excel que, según la fiscalía del caso, expone el entramado irregular.
Para avanzar con el proyecto, el Ejecutivo costero debe concretar la aprobación de un nuevo COUT que rezonifique las tierras del norte de Pinamar y habilite a construir torres de hasta 25 pisos, edificios en la franja costera y hoteles.