El gobernador Axel Kicillof dispuso el veto parcial del presupuesto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, una decisión que desató cuestionamientos en un sector del Poder Legislativo que lo consideró inconstitucional.
Mediante el decreto 2947/2025 que lleva las firmas del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del titular de Economía, Pablo López, la administración de Kicillof vetó una serie de artículos del proyecto presupuestario que, según el Ejecutivo, presentan objeciones de carácter legal y financiero.
En particular, el Gobernador observó los artículos 14, 15, 16 y 17, que introducían cambios en la Ley 10.426 de Procedimientos Contables de la Cámara de Diputados. Esas disposiciones establecían un esquema de transferencias automáticas diarias, vinculadas a los ingresos provinciales, y contemplaban la intervención del Tribunal de Cuentas ante eventuales incumplimientos.
Los argumentos y la reacción en Diputados
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que las modificaciones avanzaban sobre el sistema financiero de la provincia y sobre atribuciones propias de la Tesorería General y del Ministerio de Economía. En ese sentido, remarcaron que el veto se circunscribe al mecanismo de giro de los fondos y no al presupuesto aprobado.
La medida generó un fuerte malestar en sectores de la Cámara de Diputados. Un puñado de legisladores opositores y oficialistas advirtieron que el veto vulnera el artículo 94 de la Constitución bonaerense, que establece que el presupuesto del Poder Legislativo no puede ser objeto de observación por parte del Poder Ejecutivo.
En la Provincia, en cambio, justificaron la decisión en el contexto de caída de los ingresos, la recesión económica y la reducción de las transferencias nacionales, y advirtieron que la automatización de los giros podría afectar el esquema de administración centralizada de los recursos públicos.