La Legislatura bonaerense, ¿un mecanismo de control institucional imprescindible para la Provincia, o una estructura costosa e ineficiente?
Con el paquete económico que envió el Ejecutivo de la Provincia a la Cámara de Diputados, la Legislatura bonaerense cerrará un año cargado de tensiones y cruzado por el proceso electoral y la interna en el oficialismo. Algunas discusiones quedarán para el próximo año.
Con los debates por el Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento, también se pondrán en juego discusiones por el Fondo de Inversión Municipal -monto y condiciones incluidas-, y cargos vacantes que piden ser cubiertos cuanto antes, como en el Banco Provincia, la Tesorería, el Consejo General de Cultura y Educación y en la Suprema Corte de Justicia.
Kicillof espera que estos debates puedan ser saldados antes del recambio del 10 de diciembre, y cerrar en una prudente paz el período 2025.
Sin embargo, no faltan quienes ya piensan en un 2026 todavía más activo en el Palacio Legislativo, que incluirá debates pendientes como la Boleta Única de Papel, la vuelta de las reelecciones indefinidas, la autonomía municipal y la siempre mentada y nunca tratada unicameralidad del parlamento provincial.
Año a año vuelve a instalarse el debate sobre este último punto, que suele levantar cierta temperatura en los medios y en las redes, pero con escaso eco en el Estado, que posterga sistemáticamente la discusión, volando de la mano de la coyuntura, siempre veloz y siempre urgente. En ese sentido, también reaparecen viejos proyectos para reformar la Constitución y avanzar en la eliminación de una de las Cámaras, lo que, en principio, agilizaría el trabajo legislativo y reduciría sensiblemente los costos del Estado provincial. En esta realidad económica que atraviesa la PBA, el argumento toma una fuerza que no tuvo en otros años.
En términos políticos, el Gobernador Axel Kicillof se mostró, en octubre de 2023, receptivo a dar el debate, cuando avaló una iniciativa del senador Marcelo Daletto (UCR+Cambio Federal). Sin embargo, a las pocas semanas, el huracán violeta de La Libertad Avanza llegó a la presidencia, Argentina pasó a ser un país absolutamente distinto, y la discusión por la unicameralidad no volvió a asomar, y quedó hundida en el ránking de prioridades.
2026 será un año sin elecciones, situación que ya anticipó el Juez Alejo Ramos Padilla cuando le pidió a la Legislatura que discuta con tiempo la utilización o no de la BUP en los próximos comicios. También cabe recordar que el propio Kicillof propuso debatir las reelecciones indefinidas en un año que no esté cruzado por elecciones. En este tablero, que tendrá nuevos jugadores a partir del 10 diciembre, se configura como pocas veces una posibilidad cierta de que la reforma constitucional sea un hecho. Días atrás, desde las renovadas redes sociales de la Cámara de Diputados difundieron un reel donde explican cada una de las reformas que sufrió la Constitución bonaerense a lo largo de su historia, lo que puede ser leído como otra señal.
Por otra parte, la situación de emergencia que atraviesa la Provincia, mientras le reclama deudas al Gobierno Nacional y hace malabares para sostener la gestión, pone en suspenso todo tipo de debate político, y dificultan el inicio de un proceso tan complejo y desgastante como lo es una reforma constitucional: en primer lugar, la Legislatura debe aprobar la Ley de Declaración de Necesidad de Reforma con 2/3 de ambas Cámaras y luego, en las próximas elecciones, ser refrendada por la población en un plebiscito. Otra vía es la Convención Constituyente, más legitimada por tradición para reformas estructurales. Para eso, el Gobernador deberá llamar a elecciones de Convencionales Constituyentes, quienes serán elegidos por el voto popular ad hoc, y serán los únicos facultados para modificar el texto constitucional.
El principal argumento para sostener el sistema bicameral es la nivelación en cuanto a la representatividad que cada región de la provincia tiene en el Parlamento. En la teoría, la Cámara de Diputados representa a la población y el Senado al territorio, con el fin de equilibrar las diferencias de densidad poblacional entre el Conurbano y el interior. El Senado funciona como contrapeso en ese sentido, otorgando más bancas a las regiones menos densamente pobladas. Empero, en la práctica, ambas Cámaras representan a las secciones electorales, diagramadas hace más de medio siglo por los entonces partidos dominantes: el peronismo y el radicalismo. El proyecto de Daletto al que se hizo mención más arriba plantea un esquema similar al que incorporó la provincia de Córdoba en 2001, cuando pasó de dos a una Cámara: “La nueva Cámara podría mantener la actual cantidad de legisladores (92 Diputados y 46 Senadores; total 138), de los cuales se podrían elegir 90 por distrito único y 48 por secciones, a razón de 6 por cada una de las 8 secciones electorales”, explicó el senador, aclarando que es un punto pasible de discusiones.
Este modelo es la prueba de que existen alternativas para mantener la representación territorial sin la duplicación de estructuras. Otras provincias ya demostraron que es posible diseñar un parlamento que combine la representación poblacional (distrito único) con la voz asegurada de cada región, sin el costo y la lentitud que acarrea la bicameralidad.
Sin embargo, para muchos en la Legislatura, esa lentitud es virtud y el costo es el precio de la estabilidad. El Senado, con su diseño territorial, es el principal contrapeso institucional frente al Ejecutivo, y la bicameralidad en su conjunto garantiza la reflexión pausada sobre leyes que afectan a millones de bonaerenses. Para los defensores del status quo, el requisito del candado constitucional de los dos tercios no es un bloqueo político, sino la protección fundamental que evita decisiones apresuradas y salvaguarda los intereses de las secciones electorales.
¿El sistema bicameral actual es un mecanismo de control institucional imprescindible, que equilibra la representación territorial? ¿O se trata de una estructura costosa e ineficiente que la provincia ya no puede permitirse, existiendo modelos alternativos que garantizan la voz de las regiones? La pregunta seguirá buscando respuestas en 2026, si es que no queda hundida en el ránking de prioridades de esta realidad siempre veloz y siempre urgente.