Tras el aumento salarial del 8,5% decretado por el Ejecutivo municipal de Magdalena para los concejales, la edil Camila Daca rechazó el incremento y decidió congelarse su sueldo. Además, reclamó que sus pares hagan lo mismo y destinen el dinero a un fondo común destinado a los trabajadores municipales.
“Un fondo pensado para los que todos los días, con esfuerzo y compromiso, sostienen el funcionamiento del municipio”, manifestó la concejal que compone el monobloque EPA (Espacio de Pensamiento y Acción).
La concejal remarcó que “muchos vecinos hacen malabares a fin de mes”, mientras desde la administración comunal de Lisandro Hourcade “sigue creando cargos políticos, gastando en viáticos, nafta y pauta publicitaria”.
“Desde nuestro lugar, queremos marcar una diferencia; creemos que la política tiene que dar el ejemplo, ser parte del esfuerzo y acompañar”, señaló al comunicar su decisión y pidió que desde el Ejecutivo “dejen de mirar para otro lado y empiecen a cuidar los recursos como si fueran de todos, porque lo son”.
Escándalo en Magdalena
El vecino partido de Magdalena sigue envuelto en un escándalo por la adjudicación de 93 lotes con servicios, que según la oposición, fueron designados “a dedo” por el intendente Lisandro Hourcade. Aseguran que se dio prioridad a militantes del oficialismo local.
Desde octubre, cuando se dio a conocer el listado de los 93 beneficiarios de los lotes sociales, el partido opositor EPA viene denunciando irregularidades en el proceso de selección de los adjudicatarios, y afirman que se priorizaron a familiares y amigos del jefe comunal, o a militantes de la Unión Cívica Radical, partido que gobierna en Magdalena desde 2015.
El 24 de octubre pasado se suspendió una sesión especial en el Concejo Deliberante donde se iban a entregar dichos terrenos. Una semana más tarde, el HCD aprobó la discutida ordenanza de venta de lotes con servicio, generando críticas por falta de transparencia y presuntos favoritismos.
En aquella ocasión, la concejal Camila Daca, del bloque EPA, denunció reuniones secretas con vecinos de la lista seleccionada, asegurando que la falta de claridad en el proceso de selección generaba desconfianza. Daca también cuestionó la legalidad del proyecto, advirtiendo que podría judicializarse en el futuro. “Estamos para exigir transparencia, seriedad, compromiso y respeto a todos los vecinos que se inscribieron hace tres años”, enfatizó.