Tras los cambios en la Policía Federal, el Gobierno busca meter mano en Gendarmería, Prefectura y la PSA para optimizar competencias de las fuerzas federales
En un contexto de creciente demanda de eficiencia y coordinación en materia de seguridad, el Gobierno nacional se prepara para lanzar en los próximos días un proceso de reestructuración de las fuerzas federales. Esta vez, los cambios afectarán a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Esta medida, que se oficializará vía decreto, tiene como objetivo alinear dichas fuerzas con la reestructuración ya implementada en la Policía Federal Argentina (PFA), en un esfuerzo por optimizar las competencias de cada una y evitar duplicidades en los operativos de seguridad.
De acuerdo con fuentes oficiales, la reforma implicará modificaciones en las leyes orgánicas vigentes —21.521, 19.349 y 18.398— para redefinir los roles de cada fuerza y, en particular, para establecer una distribución más eficiente de tareas según zonas geográficas y misiones específicas. En este sentido, uno de los cambios más significativos será la reconfiguración de la PSA, que pasará a convertirse en una fuerza especializada exclusivamente en el ámbito del transporte. Esto abarcará la seguridad de trenes, colectivos y aviones, dejando de lado sus tareas en otros ámbitos.
El objetivo de este cambio es liberar a la Policía Federal de los operativos aeroportuarios, permitiendo a su vez un mayor fortalecimiento de las capacidades investigativas de la PSA, que contará con una mayor dotación de personal para cumplir con su nueva misión.
Por su parte, la Prefectura Naval se concentrará en la seguridad de las vías navegables, mares, ríos y puertos nacionales, con una orientación más clara hacia la protección de los recursos acuáticos y el combate contra el crimen organizado en estos territorios. En paralelo, la Gendarmería Nacional reforzará su rol en las fronteras, encargándose también de la contención de posibles conflictos de orden público de gran escala.
Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, es la encargada de diseñar y coordinar los pormenores de esta reestructuración, que incluirá una redistribución de efectivos y cambios en los métodos de reclutamiento para adaptarse a las nuevas necesidades operativas. El modelo que inspira esta reforma se basa en ejemplos internacionales, particularmente en el de los Estados Unidos, donde fuerzas como la Guardia Nacional, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) y la Guardia Costera cumplen roles bien diferenciados y complementarios.
La urgencia con la que el Gobierno busca llevar adelante esta reforma tiene que ver con el aprovechamiento de las facultades delegadas, las cuales vencen el 8 de julio, y que permiten modificar organismos sin necesidad de pasar por el Congreso. Desde la Casa Rosada, ya anticiparon que no recurrirán a un nuevo decreto de necesidad y urgencia ni a la extensión de dicho plazo mediante nuevas leyes.