El plan Montecarlo busca duplicar la población estacional en Pinamar y avanza en medio de negocios millonarios y sospechas de corrupción política
El proyecto “Pinamar 2050” que promete transformar a la ciudad balnearia en un polo urbanístico modelo, duplicando su población estacional de 300.000 a 600.000 personas y habilitando torres de hasta 25 pisos generó polémica porque detrás del discurso de “desarrollo sustentable”, emerge un entramado político-empresarial que involucra a figuras de peso en la economía, el juego y la política bonaerense.
El centro del debate es Montecarlo, un predio virgen de 500 hectáreas y 2,5 km de frente costero que durante décadas permaneció cerrado y sin infraestructura, hasta que en 2021 el entonces intendente, Martín Yeza, creó la “Unidad Ejecutora de Montecarlo”, delegando el control a un funcionario de confianza, Juan Ibarguren, hoy jefe Comunal de Pinamar. Según denunció el exsecretario de Turismo de esta gestión, Lucas Ventoso, Ibarguren armó un registro de escrituras y boletos de compraventa que, al llegar a la intendencia se llevó consigo, quedando como “el crupier” que sabe de forma exclusiva quién es el dueño de un terreno comercial, hotelero, multifamiliar y quién de una casa.
Cabe recordar que, como informó El Editor Platense en ediciones anteriores, los principales dueños del predio son Montecarlo Real Estate SRL, en manos del empresario Victorio Américo Gualtieri (con Roque Fernández como cara visible, expresidente del Banco Central, ministro de Economía de Menem y asesor de Javier Milei en la campaña presidencial), y Dunas S.A., de Daniel Mautone, uno de los mayores operadores del juego en la Provincia y socio de Daniel Angelici. Gualtieri controla la franja hasta la costa y Mautone la zona hacia la Ruta 11. A ellos se suman Pinamar S.A., El Martillo S.R.L. y particulares.
El entramado de poder comenzó a desprenderse cuando, el abogado y exfuncionario Ventoso habló sobre la cercanía entre el municipio y Gualtieri que quedó expuesta cuando, en una reunión clave por Montecarlo, Ibarguren se presentó como su representante. Además, la firma Sabavisa S.A. (de la familia Gualtieri) recibió una adjudicación de $19.000 millones para construir la nueva planta depuradora de Pinamar, obra estratégica para habilitar el desarrollo del predio. “Actualmente no se puede construir porque no hay servicios ni indicadores urbanísticos”, reconocía el propio Ibarguren en 2021 cuando era titular del área de Turismo
El plan integral prevé cuatro etapas: estudios preliminares, actualización del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), ordenamiento de usos de suelo y sustentabilidad hídrica. La conducción quedó en manos de Ricardo Riddick, exfuncionario de La Plata bajo el bruerismo, vinculado a la causa de coimas por rezonificaciones del Plan Procrear, aunque finalmente fue absuelto. Su regreso a escena despertó sospechas de que se replique en Pinamar la maniobra corrupta.
La trama se cruza con la política provincial ,recordemos que Pinamar es territorio de rosca cada verano, pero también un imán para inversiones inmobiliarias. El jefe del bloque PRO bonaerense, Cristian Ritondo, desarrolló al menos 14 emprendimientos bajo la marca Solares de Donato, con más de USD 55 millones en juego, incluida una “mansión” en el country La Herradura y proyectos en Pinamar Norte.
Mientras, al ser consultado por este medio, Ibarguren insistió en que “no hay nada raro” y que el plan es exigencia de la Provincia, vecinos y opositores denuncian un negociado millonario. “Sabemos que luchamos contra gente muy poderosa, pero no vamos a permitir que nos pasen por arriba”, advirtieron herederos de terrenos particulares de Montecarlo.
Entre la promesa de un Pinamar “verde y sustentable” y la sombra de viejas prácticas de corrupción, el futuro del balneario se juega en las arenas de Montecarlo.