Los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires desataron una pulseada entre el Gobierno Nacional y el distrito porteño que la Corte Suprema zanjó con un fallo que le dio razón a Capital Federal, pero el conflicto persiste y por ahora parece no tener salida clara.
El jueves pasado, los abogados de la Ciudad se presentaron nuevamente ante la Corte para rechazar el pago de los impuestos coparticipables con bonos TX31, tal como había anunciado que se abonaría el Gobierno nacional.
Los funcionarios porteños fundaron la protesta en que la Constitución prescribe que los fondos coparticipables deben estar disponibles y líquidos al momento de ser recibidos por el distrito, características que a su criterio no cumplen los bonos del Estado nacional.
Pero si bien la discusión es técnica, también tienen un elemento político que involucra a la mayoría de los gobernadores provinciales que estiman que el aumento para la Ciudad es injusto y que impacta directamente en sus cuentas públicas.
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El miércoles, un grupo de gobernadores peronistas concurrió a la Corte para ser tenidos en cuenta al momento de definir el reparto de impuesto coparticipables entre los distritos, sobre la base de lo que consideran un beneficio injusto para la Ciudad.
Aunque cruza la historia del país, este capítulo por los impuesto se inició cuando Mauricio Macri, a poco de iniciar su gestión presidencial, subió la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento de más de dos puntos que Juntos por el Cambio justificó en el costo del traspaso de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad.
En septiembre de 2020, la gestión del Frente de Todos (FdT), evaluó que ese incremento de más de dos puntos era injusto para el resto de los distritos y la bajó cerca de un punto para dejar la porción porteña en un 2,32 por ciento. Contra esa decisión, Rodríguez Larretarecurrió a la Corte por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los "fondos retenidos" desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló q qe "además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo".