El CONADUV emitió un comunicado protestando ante la decisión de Javier Milei de provincializar las rutas nacionales
La provincialización de las rutas nacionales generó polémica
Javier Milei dispuso por decreto la provincialización de las rutas nacionales y habilitó su financiamiento mediante el sistema de peaje directo con cobro en rutas. Esto motivó un fuerte rechazo del Comitén Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), que tachó de ilegal la medida por no apegarse a lo que dicta el artículo 75 de la Constitución Nacional.
Desde el CONADUV manifiestan que dicho Decreto carece de una Ley formal que lo respalde como exige la carta margna en su artículo 75, violando principios de legalidad, razonabilidad y federalismo. Tampoco se estableció una transferencia presupuestaria y que es otro requisito constitucional.
En ese marco sostienen que "es inconcebible que el Estado Nacional abandone su obligación de mantener en buen estado de transitabilidad la Red Vial Nacional, más aún cuando se mal administran los millones de dólares que se recaudan anualmente del Impuesto a los Combustibles, que son malversados y desviados a otros fines que no tienen nada que ver para cual fue creado".
Por estos motivos, advierten que "la transferencia de la gestión de rutas nacionales a las provincias o al sector privado traerá graves consecuencias para la seguridad vial, las economías regionales, la logística productiva y el mantenimiento de la red vial".
El organismo afirma que con la transferencia se viola el principio de legalidad tributaria y que en lugar de pagarse tasa por el servicio de peaje, lo que se está cobrando es un impuesto encubierto. En ese sentido, informas que la jurisprudencia admite el peaje como tasa solo si existe prestación efectiva del servicio y si se cumple con el principio de proporcionalidad.
Además remarcan que para poder realizar la transferencia se requiere una Ley del Congreso Nacional y prever recursos, ya que la omisión de financiamiento vulnera el federalismo, trasladando cargas a las provincias en forma arbitraria.
Sobre la violación del principio de razonabilidad, sostienen que las medidas estatales deben ser proporcionales y justificadas y que con esta decisión se cobra sin garantizar servicio y e superponen cargas (impuesto a combustibles + falso peaje), generando una doble imposición que afecta el derecho a transitar (art.14 CN) y a la propiedad (art.17 CN).
Por todo ello remarcan que "el cobro sin base legal ni contraprestación adecuada implica una restricción ilegítima. La Red Federal de Concesiones (RFC) que impulsa el Gobierno Nacional, las concesiones por peaje que existen en distintas provincias, la “Provincialización” de Rutas Nacionales, genera serios perjuicios sociales y económicos a los usuarios viales directos e indirectos y a toda la sociedad en su conjunto".
"De persistir con un método de financiamiento vial inadecuado como es el cobro de peaje directo en ruta, claramente inconstitucional e inviable técnicamente y que ha sido y es un fracaso y una estafa, la producción no podrá trasladarse con eficiencia, la circulación interna se verá restringida y el acceso a los mercados será cada vez menos competitivo" indican desde el CONADUV.
Además sostienen que con esta medida tampoco habrá mejoras en la seguridad vial, ni real reducción en los costos de transporte. "El CONADUV reitera la necesidad de establecer un Proyecto Vial Nacional integral, que contemple la totalidad de la red caminera y destinar de manera efectiva los fondos del Impuesto a los Combustibles a su finalidad original; 'garantizar un sistema vial óptimo, sin peajes y sin barreras, en consonancia con la Constitución Nacional.' Recuperar la gestión estatal de las rutas implica poner fin a uno de los capítulos más escandalosos del proceso privatizador en Argentina" afirmaron.
"Es necesario impulsar un Proyecto de Transporte Multimodal (vial, ferroviario y fluvial) concebido como política de Estado, adaptado a la vasta geografía nacional y competitivo a nivel internacional, alejado de los mega - negocios diseñados en beneficio de unos pocos grupos económicos. El CONADUV exhorta al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, a los Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes, Concejales, a cumplir con lo establecido en la Constitución Nacional, que significa claramente el derecho a transitar libremente por el territorio argentino" concluyeron desde el CONADUV.