Con los imputados bajo arresto domiciliario, la Justicia analiza salidas alternativas al juicio oral. Mientras tanto, crecen los pedidos de probation
El escándalo de la Legislatura bonaerense con el caso Chocolate Rigau
La causa por presunta corrupción contra el puntero político Julio “Chocolate” Rigau y el clan Albini, que expone una presunta maniobra sistemática de desvío de fondos públicos durante más de dos décadas en la Legislatura bonaerense, atraviesa una instancia decisiva que puede redefinir su desenlace judicial y sellar la impunidad de un supuesto fraude de más de 800 millones de pesos.
Con el expediente ya elevado a juicio y una estructura probatoria extensa que describe un circuito aceitado de contrataciones, cuentas bancarias y extracción de dinero en efectivo, el proceso se concentra ahora en las audiencias preliminares ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de La Plata, donde comenzó a discutirse si el caso llegará a debate oral o si se resolverá mediante mecanismos alternativos.
Las audiencias, encabezadas por la fiscal de juicio Viviana Arturi y los jueces Ezequiel Medrano, Carmen Palacios Arias y Lucas Massaccesi, se desarrollan con todos los imputados bajo arresto domiciliario, incluidos Claudio Albini —señalado como jefe de la asociación ilícita— y su hijo Facundo, dirigente del massismo en La Plata.
En ese contexto, las defensas comenzaron a desplegar distintas estrategias orientadas a evitar el juicio oral, mientras la fiscalía abrió la posibilidad de acuerdos abreviados para reducir la cantidad de acusados que eventualmente deberían enfrentar un debate.
El trasfondo de estas discusiones es una causa que, según el requerimiento de elevación a juicio, logró acreditar la existencia de una organización criminal estable y perdurable en el tiempo, activa al menos desde enero de 2002 hasta septiembre de 2023, cuyo objetivo central era defraudar a la administración pública mediante la utilización de contratos de locación de servicios en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La fiscalía sostuvo que el esquema tenía una estructura jerárquica definida. En la cúspide ubicó a Claudio Albini, un funcionario público que se desempeñaba como Subdirector de Personal, quien contaba con la colaboración directa de su hijo y de otros operadores que articulaban el funcionamiento cotidiano.
En un nivel operativo se encontraba Julio Segundo Rigau, identificado como el encargado de ejecutar las extracciones de dinero, mientras que en la base se desplegaba un grupo de al menos 47 personas.
Según la fiscalía, este grupo de personas firmó contratos con la Legislatura bonaerense y formó parte —con distintos niveles de conocimiento— del esquema investigado.
Entre ellos se encuentran: Antonio Rodríguez, Ágata Solange Plana, Ramón Raúl Silva, Arturo Teodomiro Falcón Ramírez, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Ricardo Mario Sánchez, Marisol Correa, Ramón Alberto Sosa, Graciela del Carmen Anivarro, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belén Maroni, Paula Alejandra Valdata, María Cecilia D’Ovidio, Raúl Marcelo Folone, Raúl Horacio Boragina, Rosana Silvia Delgado, Diego Berón, María Amanda Albino, Mabel Susana Alvear, Brenda Gisele Caro, Ernesto Fabián Crivaro, Flavia Antonela Di Rosa, Perla Adriana De Micheli, José Alberto Da Ponte.
A ese listado se suman también: Ricardo Mario Sánchez, Patricia Lorena Sánchez, Gisela Adriana De Luca, Javier Horacio Guerra, Bautista Ratovsky, León Rigau, Valentín Rigau, Cristian Osvaldo Rigau, Gerónimo Matías Ippoliti, Sabrina Alejandra Morel, Kiara Zaira Gorosito, Jonatan Omar Pedraza, Jorge Omar Cruz, Leandro Tomás Acosta, Mirta Gladys Alcaraz, Yanina Elisabet Palacio, Amancay Martina Ayelén Valdata y Rodrigo Ramón Estecho.
Además, el expediente incorpora otros nombres dentro del mismo universo de contratados y partícipes del circuito: Carlos Alejandro Ravetllat, Álvaro Agra, Gerardo Román Rigau, Aldana Ayelén Rodríguez, Maximiliano Gastón Rigau, Rubén Alberto Mendivil y Juan José Tocci.
El requerimiento detalla que todos ellos, junto a Claudio Albini, Facundo Albini y Julio Rigau, “tomaron parte de modo permanente y con voluntad de integrar” una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra la administración pública, desde la presidencia de Osvaldo Mércuri en 2002, pasando por Manuel Mosca, Federico Otermín, hasta el mandato de Enrique Dichiara.
La acusación sostiene que este grupo accedió a contratos de locación de servicios con salarios que rondaban los 580 mil pesos mensuales al momento de los hechos, y que luego algunos prestaban funciones reales, otros no trabajaban, y otros directamente entregaban la tarjeta bancaria. El elemento común, según la fiscalía, es que todos permitieron sostener el circuito de extracción de dinero, ya sea por acción directa o por facilitar sus datos.
El mecanismo, reconstruido a partir de una amplia batería de pruebas documentales, testimoniales y periciales, consistía en la generación de contratos de locación de servicios que habilitaban la apertura de cuentas bancarias en el Banco Provincia. A partir de allí, se emitían tarjetas de débito a nombre de los supuestos empleados. Según la investigación, esas tarjetas eran luego recolectadas por integrantes de la organización o incluso entregadas directamente a los niveles superiores, lo que permitía centralizar el manejo del dinero.
Con las tarjetas en su poder, Rigau realizaba extracciones sistemáticas en cajeros automáticos, generando un circuito de retiro de efectivo que simulaba el cobro de haberes. Parte de ese dinero podía ser utilizado por algunos de los titulares mediante home banking o aplicaciones, pero la porción mayoritaria era desviada y rendida a los organizadores, lo que —según la fiscalía— permitió concretar una defraudación que supera los 800 millones de pesos.
El expediente detalla con precisión episodios concretos que ilustran el funcionamiento de la maniobra. Entre el 5 y el 9 de septiembre de 2023, Rigau realizó extracciones reiteradas de 30.000 pesos por cuenta utilizando múltiples tarjetas en la sucursal del Banco Provincia ubicada en la calle 7 de La Plata.
El 9 de septiembre, alrededor de las 20, Rigau fue sorprendido cuando intentaba operar con al menos 40 tarjetas, logrando retirar 1.260.000 pesos antes de ser interceptado por personal policial alertado por un hombre en situación de calle que había advertido la situación. La detención en flagrancia se convirtió en uno de los pilares probatorios del caso.
El acta de procedimiento documentó el secuestro de 49 tarjetas de débito, dinero en efectivo, tickets de extracción y sobres que contenían anotaciones compatibles con claves de acceso. Esa evidencia fue ratificada por los testimonios del personal interviniente y por testigos presenciales, entre ellos un hombre que se encontraba en la zona de los cajeros y declaró haber observado durante horas a Rigau operar con numerosas tarjetas, desplazándose de un cajero a otro y acumulando dinero en bolsas.
A esa prueba directa se sumó el análisis de las cámaras de seguridad del banco y del centro de monitoreo urbano, las tiras auditoras de los cajeros automáticos, los registros de movimientos bancarios y la documentación aportada por el Banco Provincia, que permitió reconstruir la apertura de cuentas, la entrega de tarjetas y las extracciones realizadas.
El allanamiento en el domicilio de Rigau aportó otro elemento relevante: se secuestraron declaraciones juradas, copias de documentos de identidad de terceros y un cuaderno con anotaciones manuscritas que incluían nombres de imputados y titulares de tarjetas, lo que para la fiscalía evidencia un control sistemático de la operatoria.
En paralelo, la investigación incorporó los legajos personales y contratos de locación de servicios de los involucrados, así como testimonios de funcionarios y empleados de la Cámara de Diputados que describieron el funcionamiento administrativo de las contrataciones.
Esos testimonios resultaron clave para establecer que el control de asistencia dependía de cada área solicitante, que los contratos no siempre consignaban el lugar de prestación de tareas y que el sistema permitía designaciones con niveles de control descentralizados, lo que —según la acusación— facilitó la implementación de la maniobra.
Con ese cuadro de situación, la causa fue elevada a juicio con más de 40 imputados y una imputación central por asociación ilícita y defraudación a la administración pública. Sin embargo, el escenario mostó un giro en la dinámica del proceso.
En las audiencias preliminares, la fiscalía propuso la posibilidad de avanzar con juicios abreviados, por lo que los imputados podrían reconocer su responsabilidad a cambio de una pena acordada mucho menor, evitando el debate oral. En ese marco, uno de los acusados identificado como Antonio Rodríguez, señalado como uno de los “contratados” que integraban la base del esquema, aceptó un acuerdo de tres años de prisión en suspenso, lo que implica que no cumplirá pena efectiva de cárcel. Se trata de un familiar de la concejal libertaria Laura Fernández.
El resto de los imputados no adoptó aún una definición, pero en las últimas audiencias las defensas avanzaron con pedidos de suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, un instituto que permite evitar el juicio oral y la imposición de una condena penal a cambio del cumplimiento de ciertas condiciones, como la realización de tareas comunitarias.
La fiscalía se opuso a esa alternativa, al considerar la gravedad de los hechos y el monto del perjuicio económico, aunque la discusión sigue abierta y son los jueces los que tienen que decidir. En paralelo, algunos imputados solicitaron que se determine el monto del daño causado para evaluar la posibilidad de una reparación económica integral, otra vía de escape que podría derivar en el cierre del proceso sin condena.
Mientras la fiscalía adelantó que, en caso de juicio, solicitará penas que van desde los tres años en suspenso para los contratados hasta más de seis años de prisión para los presuntos organizadores, lo cierto es que se abrió la posibilidad de que el expediente se fragmente en acuerdos individuales o salidas alternativas.
La decisión final dependerá de lo que ocurra en las próximas audiencias. Allí se definirá si la causa llega a un juicio oral que exponga en detalle el funcionamiento completo de la maniobra o si, por el contrario, se encamina hacia resoluciones que, aun con una base probatoria extensa, podrían cerrar el caso sin que ninguno de los principales imputados cumpla una condena en prisión. Mientras tanto, los miembros de la Cámara de Diputados y toda la Legislatura bonaerense siguen en silencio.