Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, detenidos desde diciembre, quedaron acusados en nuevos episodios de violencia sexual mientras la fiscalía avanza con medidas clave y declaraciones testimoniales que refuerzan las imputaciones en su contra
Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz
La situación judicial de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, los empleados del Senado bonaerense acusados de liderar una presunta secta sexual, se agravó en las últimas horas. La Justicia penal de La Plata los imputó por otros cinco hechos de abuso sexual, en una investigación que no deja de sumar elementos y que los tiene cada vez más complicados.
Ambos ya se encontraban detenidos y procesados por abuso sexual con acceso carnal agravado en al menos cuatro hechos ocurridos entre 2015 y 2019, cometidos contra tres mujeres. Ahora, en una segunda causa, el Ministerio Público Fiscal les atribuyó cinco nuevos episodios de violencia sexual contra otras dos víctimas.
De acuerdo a la imputación, entre los nuevos cargos se incluyen abusos sexuales con acceso carnal agravados por el grave daño causado en la salud mental de las víctimas, cometidos en reiteradas oportunidades y en concurso real con privaciones ilegales de la libertad. También se los acusa por un abuso sexual doblemente agravado, tanto por las secuelas psicológicas como por haber actuado de manera conjunta.
El expediente incorpora además otros tres hechos que abarcan abuso sexual, violación de domicilio y un abuso sexual con acceso carnal agravado en grado de tentativa, todos atribuidos a la actuación coordinada de los imputados y vinculados a situaciones de encierro y restricción ilegítima de la libertad.
Según la denuncia, al menos uno de los abusos habría ocurrido dentro del propio Senado bonaerense, lo que profundiza la gravedad del caso.
Mientras la fiscalía avanza con nuevas medidas de prueba y se prepara una tanda clave de declaraciones testimoniales, en las últimas horas se produjo un movimiento que volvió a sacudir la causa. Claudio Yacoy, abogado y actual secretario de Derechos Humanos del municipio de Avellaneda, se presentó de manera espontánea ante la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata.
Su testimonio resultó relevante porque fue señalado por las denunciantes como parte de una supuesta maniobra que habría buscado frenar o desviar las denuncias. Sin embargo, Yacoy aseguró que nunca fue notificado formalmente, que desconocía gestiones realizadas en su nombre y que no había tenido intervención directa en la causa.
Este dato fue importante para la investigación, ya que las víctimas relataron que durante meses creyeron que la investigación avanzaba, que se habían presentado escritos, solicitado medidas de protección y mantenido contactos con la Justicia. Con el tiempo, comprobaron que nada de eso había ocurrido.
Según consta en el expediente, la DDI intentó citar a Yacoy, pero no logró ubicarlo. El contacto se realizó a través de Melina Gaudino, quien aportó un número telefónico que resultó ser erróneo. Para los investigadores, ese hecho se suma a una serie de inconsistencias que ahora son analizadas como posibles intentos de entorpecer la investigación.
La figura de Melina Gaudino aparece cada vez más comprometida en la causa. Exdirectora de Coordinación Municipal del Ministerio de Seguridad bonaerense y luego funcionaria del área de Acceso a la Justicia en la Municipalidad de La Plata, su conducta es evaluada por la fiscalía ante la sospecha de que habría encubierto o protegido a los principales acusados.
Rodríguez y Silva Muñoz, además de ser empleados del Senado bonaerense, eran referentes del espacio kirchnerista La Capitana en La Plata, donde compartían militancia y actividades políticas, un vínculo que también es analizado dentro del expediente.
De acuerdo a la fiscal Betina Lacki, los acusados lideraban una organización con características sectarias denominada “La Orden de la Luz”. Según los testimonios, Rodríguez se presentaba como una figura divina bajo el nombre de “Dios Kiei”, un supuesto guerrero con poderes sobrenaturales y múltiples personalidades místicas, mientras que Silva Muñoz cumplía un rol central como facilitadora y guía espiritual.
Las víctimas describieron un esquema sostenido de manipulación psicológica, amenazas, violencia física y abusos sexuales reiterados, además de castigos corporales, sesiones de “reentrenamiento”, dependencia económica y un sistema de control que hacía prácticamente imposible abandonar el grupo sin sufrir represalias.
Con los nuevos hechos imputados, la investigación avanza y el escenario judicial para los acusados se vuelve cada vez más complejo, mientras la fiscalía define los próximos pasos en una causa que podría involucrar a más víctimas.