Estudiantes y docentes del plan FinEs impulsaron un proyecto de ordenanza para declarar el 15 de enero como “Día de la Conciencia Ambiental por el Derrame de Petróleo en el Río de la Plata en Magdalena ”. La iniciativa fue respaldada por todos los bloques políticos y prometieron que será aprobada en agosto. Mantiene vigente una demanda que lleva más de 26 años sin resolución judicial y destaca el papel de la comunidad en la defensa del ambiente.
Pero lo importante no es la efeméride. Lo que hay detrás es una historia que nunca terminó de cerrarse y que aún deja una marca de petróleo en la memoria de Magdalena.
El 15 de enero de 1999, dos barcos chocaron frente a la costa de Magdalena. El accidente provocó el derrame de más de cinco millones de litros de crudo. Fue el mayor desastre ecológico en la historia del estuario. Barros tóxicos, costas contaminadas, humedales arrasados.
La petrolera Shell —una de las responsables— gestionó una puesta en escena más que la limpieza: formó un Comité de Contingencia, que controlaba. Lo integraban además el Municipio, la Prefectura y el OPDS.
Un colectivo de artistas, Ala Plástica, fue de los primeros en romper ese cerco. Llegaron cuando el petróleo todavía estaba fresco. Trabajaron con científicos, organizaron reuniones y movidas, documentaron los impactos, llegaron a los medios, presionaron al poder corporativo. Mucho antes de que se hablara de “arte en territorio”, ya lo estaban haciendo.
La causa judicial dio varias vueltas. En 2002, un juez federal responsabilizó a Shell y ordenó una reparación millonaria. En 2007, la Corte Suprema anuló ese fallo por un tecnicismo. El municipio, acorralado, aceptó un acuerdo extrajudicial: 9,5 millones de dólares para obras locales, a cambio de eximir a Shell de cualquier culpa. Pero el acuerdo nunca fue homologado y el dinero nunca llegó.
El derrame de Shell en Magdalena
En 2024, el intendente Lisandro Hourcade anunció que el OPDS validó la remediación ambiental y que se pidió a la Justicia federal que cierre el caso. En diciembre, antes de la feria judicial, el municipio solicitó audiencia al juez Juan Rafael Stinco. Hasta hoy, el juzgado no respondió.
Toda esta historia —sus archivos, sus silencios, sus gestos de resistencia— fue contada en La Teoría del Derrame – Educación ambiental, memoria y no justicia en Magdalena, un documental dirigido por José Luis Meirás junto a Colectiva Magdalena 318. La realización implicó crear dispositivos de activación territorial. Desde talleres en escuelas hasta festivales de cine, el film sigue circulando. Desde junio de este año puede verse en la plataforma pública BAFilma.
Inspirados por ese recorrido, este año docentes y estudiantes del FinEs de tres localidades —Magdalena, Bavio y Atalaya— empezaron a trabajar el tema en clases de Biología y Comunicación. El resultado fue inesperado: un proceso colectivo, intergeneracional y transversal, que reunió a casi 200 estudiantes adultos, docentes y familiares en una muestra de fin de cursada antes del receso invernal. Produjeron podcasts, encuestas, piezas gráficas, entrevistas y finalmente, el proyecto de ordenanza.
Más de veinte estudiantes, mujeres en su mayoría, defendieron la propuesta en la Comisión del Concejo Deliberante. Esa defensa en el ámbito del deliberativo municipal también sirvió para lograr visibilizar aquellas propuestas que venían un poco flojas de atención. Contaron la experiencia de investigar un tema que aún genera polémica en la sociedad. Los ediles escucharon y comprometieron el apoyo. El Concejo votará en agosto. El intendente respaldó la idea.
Mientras tanto, el expediente judicial duerme. Desde hace décadas, el reclamo por justicia ambiental en Magdalena no viene de los tribunales, sino de abajo: primero, de artistas, Ahora, de estudiantes adultos que entienden que el futuro también se construye aprendiendo qué pasó en el río, y en la justicia.
