Con Tito, la gestión de Julio Alak destinó $1.800 millones a una cooperativa acusada de malos tratos, despidos y personal fantasma ¿Controla la Municipalidad?
El Custodio y Tito, los interrogantes de la gestión de Julio Alak
La política de embellecimiento de plazas y paseos se convirtió en la vitrina de la gestión municipal de Julio Alak. Sin embargo, detrás de Tito y los agentes que se ven de uniforme, la Municipalidad de La Plata es responsable de un esquema de seguridad privada que mezcla descontrol, precariedad laboral e interrogantes millonarios.
El contrato firmado a fines de 2024 con la cooperativa “El Custodio LTDA” representa nada menos que $1.800 millones de fondos públicos para cubrir 150 puestos de seguridad durante un año en espacios y dependencias municipales.
Pero la Municipalidad contrató a cooperativa El Custodio, que acumula denuncias por despidos sin causa, trabajo en negro, sueldos por debajo de convenio, falta de obra social y hasta situaciones de acoso laboral sin sanciones reales. Y lejos de exigirle condiciones mínimas, la administración local decidió entregarle la seguridad de lugares estratégicos como el Palacio Municipal, la República de los Niños, la Terminal de Ómnibus y el Cementerio.
Sobre este último figuran 14 custodios contratados, pero apenas “dos o tres” cumplen funciones, según denuncian desde adentro. En el Bioparque, que permanece cerrado al público, el municipio paga 12 custodios todos los días. La sede de calle 12 tiene más seguridad que predios enormes como la República de los Niños. Y el cálculo es todavía más escandaloso: cada agente representa un gasto de 12 millones de pesos al año.
La Municipalidad, que debería ser la primera en garantizar transparencia y condiciones laborales dignas, opta por hacer oídos sordos a las denuncias. La pregunta inevitable es: ¿qué controla el municipio? Porque lejos de asegurar seguridad en La Plata, lo que se instaló es un sistema en el que se pagan millones por agentes que no aparecen, se destinan guardias a lugares cerrados y se mantiene a cargo de la custodia de la ciudad a una cooperativa con un historial de denuncias e irregularidades.
La Cooperativa de Trabajo El Custodio, según sitios de información pública, brinda servicio de “seguridad e investigación” desde 2013 -aunque fue fundada en julio de 1990- y tiene domicilio en Villa Devoto, y en el registro de cooperativas figura que tiene sede en la localidad de Olivos.
El Custodio suele presentarse como oferente en todas las licitaciones sobre servicios de seguridad privada en edificios públicos de municipios grandes del interior de la provincia de Buenos Aires. En Mar del Plata se encarga de vigilar el edificio de Obras Sanitarias y del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias desde mediados de 2017, mientras que en Tandil brindaron servicio en el Cementerio Municipal. También fueron beneficiados con adjudicaciones en Azul y Las Flores.
En la localidad costera afrontó varios juicios de sus asociados por despidos, mientras que desde el gremio Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y trabajadores particulares, elevaron reclamos por las malas condiciones laborales que afrontan. “Los empleados no tienen franco, vacaciones y cuando faltan les descuentan los días”, precisaron.
Incluso, en la Justicia de La Plata radica una denuncia contra la misma por parte de un trabajador, que brindaba servicio de seguridad privada de lunes a sábado de 19:00 a 7:00 “totalmente en negro” y, sin motivo alguno, fue despedido “intempestivamente” sin regularizar el pago de horas extras, antigüedad y aportes.
En el mismo sentido, un empleado de la Cooperativa de Trabajo “El Custodio Limitada”, que prestaba servicio como personal de seguridad en la ciudad de La Plata, denunció haber sido despedido sin causa a principios de este mes. Según su testimonio, no se le brindaron explicaciones formales sobre los motivos de la desvinculación.
El exempleado también expuso serias irregularidades dentro de la cooperativa, incluyendo situaciones de acoso laboral que habrían sido denunciadas por trabajadoras de la empresa. “Hay compañeras que han sufrido acoso laboral por parte de otros miembros de seguridad, y la empresa lo único que hizo fue cambiarlos de destino, sin tomar las medidas correspondientes”, aseguró.
Además, el denunciante señaló que las condiciones laborales están lejos de ser adecuadas: “Nos pagan muy por debajo del sueldo básico, alrededor de 600 mil pesos. No tenemos ART, y aunque figura que tenemos obra social, no está activa, por lo que no podemos acceder a la atención médica”.
Nacen aquí algunos interrogantes: ¿no debería la Municipalidad de La Plata revisar a quién contrata para garantizar la seguridad de los platenses? ¿no debería acaso la Comuna prestar atención a las denuncias? ¿Por qué no se fiscaliza si los custodios efectivamente están trabajando? ¿Para qué fue la compra de Tito?
La postal que emerge es la de una gestión que privilegia la apariencia sobre el fondo. Plazas repintadas, patrullaje con Tito (de los que tampoco se dieron explicaciones sobre cómo se adquirieron), custodia visible en ciertos puntos estratégicos… pero detrás, un esquema de irregularidades que se financia con fondos públicos.
La seguridad privada se convirtió en un nuevo capítulo de una política de maquillaje: mostrar hacia afuera una ciudad ordenada y con un Tito recorriendo cada plaza, aunque hacia adentro se reproduzcan prácticas opacas, descontroladas y socialmente dañinas.
La Municipalidad no puede desconocer las denuncias que recaen sobre la cooperativa El Custodio, ni la brecha entre los papeles y la realidad de los agentes. Y, sin embargo, elige sostener este esquema. ¿Por qué se mantiene un contrato tan millonario con una firma cuestionada? ¿Por qué se pagan guardias en espacios cerrados? ¿Por qué no se fiscaliza si los custodios efectivamente están trabajando?
La gestión de Julio Alak muestra una y otra vez que prefiere tercerizar funciones esenciales antes que invertir en fortalecer la estructura municipal. La seguridad de plazas y dependencias es apenas un ejemplo. Se terceriza el servicio, se pagan cifras astronómicas y luego desaparecen frente a las irregularidades. Lo que debería ser un mecanismo para cuidar a los vecinos de La Plata termina convertido en un negocio que engorda bolsillos privados a costa del erario público.