El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario y recomposición del salario de los docentes y ahora se espera el veto de Milei
Con 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones, el Senado nacional convirtió en ley el Financiamiento Universitario y la recomposición del salario de los docentes. El mismo proyecto fue aprobado el año pasado y vetado por el presidente Milei. En aquella oportunidad, el veto fue blindado en la Cámara de Diputados por los 87 "héroes" del Gobierno.
En una jornada gris para el oficialismo, la Cámara Alta del Congreso volvió a propinarle una dura derrota legislativa con el proyecto que busca sostener la Universidad Pública, gratuita y de calidad en todo el país. En la previa, el Senado también rechazó una serie de DNU que le delegaban facultades extraordinarias al presidente, mientras que la Cámara de Diputados le dio malas noticias en la jornada del miércoles. A excepción del aumento a jubilados, donde La Libertad Avanza consiguió las abstenciones suficientes para blindar el veto.
Durante el cierre del jueves, el cuerpo legislativo que preside Victoria Villarruel debatirá además, la Ley de Emergencia Pediátrica, para blindar al Hospital Garrahan de la motosierra. La oposición confía en tener números suficientes para darle otro cachetazo al Gobierno.
El proyecto plantea la recomposición presupuestaria por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y, además, la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
También insta al Poder Ejecutivo Nacional de convocar "con carácter obligatorio a la negociación paritaria que no puede exceder los 3 meses y asegurando una actualización mensual no menor a la inflación". Además, dispone la recomposición de todos los programas de becas estudiantiles desde diciembre del 2023 y asegura los créditos presupuestarios para la continuidad y eficiencia de los recursos.
Como ya anticipó en más de una ocasión, el presidente Milei hará uso de su facultad de observar las leyes que considera contrarias a su plan económico. Según la Constitución Nacional, el jefe de Estado tiene diez días hábiles para promulgar o vetar la ley, que empezarán a correr una vez que el Senado se la remita.
En Casa Rosada especulan con poder estirar los plazos para que la decisión, que puede caer antipática en algunos sectores, pueda ser tomada una vez que pasen las elecciones legislativas bonaerenses.