En la denuncia acusan a altos directivos del penal de desviar y vender mercadería provista por el Estado Provincial para la alimentación de los internos
Revuelo en el Servicio Penitenciario Bonaerense. Una grave denuncia por presuntos hechos de corrupción sacude a la Unidad Penitenciaria N°1 de Lisandro Olmos, ubicada en la ciudad de La Plata, y puso otra vez en el ojo de la tormenta a los manejos internos en las unidades carcelarias del SPB.
De acuerdo a la presentación judicial, altos mandos del penal estarían involucrados en el desvío y posterior comercialización de alimentos que el Estado bonaerense destina a la alimentación de las personas privadas de libertad. La denuncia quedó en manos de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 del Departamento Judicial La Plata.
En el escrito, se menciona como responsables a la directora de la cárcel, Rosa Gladys Miño; al subjefe Ciro Miguel Enriquez Tevez; y al jefe de unidad Javier Moreno. Todos ellos habrían participado de un esquema de sustracción de alimentos no perecederos y carne, que luego serían vendidos a comercios de la zona o entregados a proveedores con vínculos sospechosos.
Según se detalla, gran parte del material probatorio fue aportado por los propios internos del penal, quienes habrían contribuido con una investigación informal. Se incluyen registros de video, fotos y audios que mostrarían a las autoridades del penal organizando la salida de los productos hacia terceros, a pesar de que estaban asignados exclusivamente para los reclusos y habían sido provistos por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
El expediente también refiere que, una vez que comenzaron a circular los registros documentales, algunos presos identificados como colaboradores en la investigación fueron objeto de requisas intempestivas en sus pabellones. Durante esos procedimientos, les habrían secuestrado los teléfonos celulares con la supuesta intención de borrar o hacer desaparecer las pruebas.
Frente a estas acusaciones, desde la Fiscalía N°2 se dio inicio a una investigación formal, con el objetivo de corroborar si opera una banda organizada destinada a cometer delitos ( asociación ilícita), y avanzar en caso de corresponder con medidas judiciales y sanciones administrativas.