La discusión sobre el desarrollo urbano y las condiciones de habitabilidad en La Plata sumó un nuevo capítulo con la reciente presentación de un pedido de informes al Ejecutivo municipal. La solicitud fue impulsada por concejales del bloque de la Unión Cívica Radical, quienes plantearon su preocupación por la falta de avances en la elaboración de un plan para abordar la situación de villas y asentamientos precarios ubicados en zonas expuestas al riesgo de inundación.
El reclamo surge tras el vencimiento del plazo legal establecido por la normativa local para la presentación de un proyecto de ordenanza que proponga alternativas concretas de integración socio-urbana o relocalización. La fecha límite, fijada para el 30 de septiembre de 2025, fue establecida en el marco de la aprobación del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial (COUT), un instrumento legal central para el diseño y la gestión del crecimiento de la ciudad.
Según lo dispuesto en ese marco normativo, la Municipalidad de La Plata debía formular un programa específico destinado a dar respuesta a situaciones consideradas críticas, vinculadas a la presencia de asentamientos informales o barrios vulnerables situados en sectores donde existe riesgo hídrico. Esta iniciativa debía contemplar acciones tanto de integración urbana como de posible traslado de las familias a zonas seguras, bajo criterios de planificación, inclusión y legalidad.
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Sin embargo, transcurrido el plazo previsto, desde el cuerpo deliberativo no se ha recibido ninguna iniciativa oficial relacionada con ese objetivo. Esta situación motivó la reacción del bloque radical, que presentó un proyecto de resolución para exigir explicaciones formales por parte del Ejecutivo.
En su presentación, los concejales solicitaron que el Gobierno local detalle si existe algún expediente en curso que dé cuenta de la elaboración del programa previsto, qué dependencias o funcionarios fueron designados para dicha tarea, y cuál es el estado actual del proceso. Asimismo, reclamaron que se fije una nueva fecha clara y definitiva para el envío del proyecto al Concejo Deliberante, con el fin de garantizar el tratamiento legislativo correspondiente.
El tema cobra especial relevancia en el contexto de una ciudad como La Plata, donde el crecimiento urbano ha estado históricamente condicionado por factores ambientales, sociales y de infraestructura. Numerosos asentamientos se han desarrollado en zonas bajas o cercanas a cursos de agua, lo que aumenta el riesgo de anegamientos e inundaciones, especialmente durante eventos climáticos extremos. En este sentido, la planificación de políticas públicas orientadas a la integración o reubicación de estas comunidades forma parte de una estrategia de reducción del riesgo y mejora de las condiciones de vida.
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El programa previsto en la ordenanza sancionada en abril se inscribe dentro de esa lógica, con el objetivo de articular la gestión del suelo urbano con criterios de justicia territorial, seguridad habitacional y sostenibilidad ambiental. El hecho de que no se haya cumplido el plazo legal para la presentación del proyecto genera interrogantes en el ámbito legislativo y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la ejecución efectiva de las políticas públicas comprometidas por el municipio.
El COUT, protagonista también en el Concejo
Por otro lado, esta situación también se da en un momento en que se aguarda la llegada al Concejo de otros instrumentos fundamentales para la política urbana de la ciudad. Entre ellos, se encuentran la segunda parte del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y el nuevo pliego de licitación del sistema de transporte público. Ambos documentos son considerados claves para consolidar un modelo de ciudad más ordenado, accesible y resiliente.
Desde el punto de vista institucional, el pedido de informes impulsado por la UCR no solo apunta a esclarecer el grado de avance del plan de relocalización, sino también a establecer responsabilidades frente al incumplimiento de una obligación legal. La presentación del proyecto de ordenanza no era opcional, sino una exigencia concreta incorporada en la normativa aprobada este mismo año.
En términos legislativos, el incumplimiento de un mandato establecido por ordenanza representa una omisión que puede tener impacto en la relación entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. A su vez, pone en evidencia posibles dificultades en la articulación entre los distintos niveles de la administración municipal y el seguimiento de los compromisos asumidos por la gestión.
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Mientras tanto, la situación de las familias que habitan en sectores críticos continúa sin definiciones. La falta de un plan concreto impide avanzar en soluciones estructurales para quienes residen en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso pleno a servicios urbanos y expuestos a eventos climáticos adversos. También limita la posibilidad de realizar intervenciones urbanas integrales que contemplen no solo la cuestión habitacional, sino también aspectos vinculados al acceso a la salud, la educación, el transporte y la seguridad.
El planteo realizado en el Concejo Deliberante refleja, además, la necesidad de contar con plazos concretos y procesos transparentes en la elaboración e implementación de políticas urbanas. La relocalización de asentamientos en zonas de riesgo no solo requiere planificación técnica y decisiones políticas, sino también mecanismos de participación ciudadana, recursos adecuados y coordinación interinstitucional.
A la espera de una respuesta oficial por parte del Ejecutivo, el debate sobre este tema se instala como una prioridad en la agenda legislativa local. El cumplimiento de la normativa vigente, la formulación de políticas inclusivas y la prevención de riesgos asociados al hábitat informal siguen siendo ejes centrales para la construcción de una ciudad más equitativa y planificada.
