La Cámara de Diputados sancionó la Ley Anti-DNU, que limita el uso de una herramienta más que sensible para el Gobierno. Se espera el veto presidencial
La Cámara de Diputados sancionó la reforma a la Ley de Régimen Legal de los DNU que le pone límites al uso de una herramienta clave para el Gobierno de Javier Milei. La votación en general tuvo 140 votos a favor, lejos de los dos tercios que se necesitarán para rechazar un casi seguro veto presidencial.
Por su parte, el oficialismo consiguió 80 voluntades que votaron en contra del proyecto de la Senadora Alejandra Vigo. Entre las 17 abstenciones, ambos bandos buscarán refuerzos para afrontar una futura votación por el veto, donde a La Libertad Avanza y aliados les alcanza con conquistar sólo a 7.
Por lo pronto, y a la espera de los diez días que el presidente tiene para promulgar o devolver la Ley al Congreso, quedó modificada la Ley 26.122, de Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes. Con la norma anterior, un decreto estaba vigente mientras las dos cámaras no lo rechacen, lo que en los hechos redunda en sanciones tácitas. La reforma le pone un plazo de 90 días al Congreso para expresarse, y de no hacerlo, el DNU quedará sin efecto. Asimismo, alcanzará con el rechazo de una sola Cámara para hacer caer un Decreto de Necesidad y Urgencia.
Además, el proyecto impide decretos sobre más de un tema; y si es rechazado, impide publicar uno similar durante el año. La experiencia del famoso DNU 70/23 puso en alerta a la oposición y también buscó límites en ese sentido.
Como contó El Editor Platense, la Cámara baja tratará la remoción de José Luis Espert de la presidencia de la Comisión de Presupuesto, aunque el diputado ya anticipó la renuncia a dicho cargo. Asimismo, Espert se tomó licencia hasta el final de su mandato, aunque seguirá percibiendo alrededor de $4.000.000 de las arcas públicas.
Por otra parte, tratarán el texto de Máximo Kirchner que busca frenar la toma de deuda. El proyecto reafirma las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional a la hora de embarcar al país en cualquier nuevo empréstito.