La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó el porcentaje de personas que se acercaron a votar en estas elecciones legislativas
La Junta Electoral bonaerense informó que este domingo 7 de septiembre, hacia las 14:00, ya había votado el 35% del padrón en la provincia de Buenos Aires. La jornada estuvo marcada por la participación ciudadana en las escuelas y los llamados de los candidatos para que la gente se acerque a las urnas.
Según el reporte oficial, antes del mediodía la participación no había alcanzado el 30%, por lo que el mayor caudal de votantes se registró después del almuerzo. El panorama resultó alentador, pese a que en las primeras horas algunas mesas tuvieron retrasos por la ausencia de autoridades de mesa. Más tarde, la página web para consultar el padrón también sufrió una caída.
En este marco, gran parte de los candidatos bonaerenses remarcaron la importancia de participar en las elecciones e insistieron en convocar a la ciudadanía a emitir su voto. Se espera que en el transcurso de la tarde el porcentaje de votantes siga en aumento. Cabe recordar que las escuelas permanecerán abiertas hasta las 18:00.
Este domingo, más de 14,3 millones de bonaerenses están habilitados para votar en unos comicios en los que se definirá la renovación de 46 diputados y 23 senadores provinciales. En caso de no hacerlo, la Junta Electoral oficializó el monto de la multa que deberán abonar.
La normativa provincial, en línea con el Código Nacional Electoral, dispone que los electores que tengan 16 años o más al momento de votar tienen el derecho y el deber cívico de sufragar. Sin embargo, los menores de 18 y los mayores de 70 no serán alcanzados por las sanciones previstas para quienes incumplan con la obligación.
De acuerdo con la actualización oficial, quienes no se presenten a sufragar y no acrediten una causal de excepción deberán abonar una multa que oscilará entre los $1.000 y los $2.000. Además, quienes no regularicen su situación dentro de los 60 días hábiles posteriores quedarán asentados en el padrón de infractores, lo que les impedirá, entre otras restricciones, acceder a cargos o empleos en la administración pública.