Tras bajar el rango de la Secretaría de Derechos Humanos, el gobierno de Milei disolvió dos ejes autónomos claves en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia
Javier Milei va contra las políticas de Derechos Humanos
En una nueva ofensiva contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno de Javier Milei pasó la motosierra por el Archivo Nacional de la Memoria y al Museo Sitio de Memoria ESMA, emplazado en el edificio donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más emblemáticos de la última dictadura cívico-militar.
El Ejecutivo oficializó la decisión de disolver como ejes autónomos al Archivo y el Museo, que pasarán a estar bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH). Ambos eran organismos descentralizados de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya había sido degradada a subsecretaría en las últimas horas.
Según el Gobierno, el traspaso busca “una gestión más eficiente y coordinada” de las políticas vinculadas a la memoria histórica. Sin embargo, desde distintos sectores de derechos humanos advierten que se trata de una maniobra para desarticular y vaciar dos espacios clave en la preservación del pasado reciente y la denuncia del terrorismo de Estado.
El decreto establece que el CIPDH asumirá las funciones del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo ESMA. Entre ellas, la recolección, análisis y archivo de documentos y testimonios sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado argentino, así como la respuesta institucional frente a esos crímenes.
La movida se da en el marco de un fuerte ajuste dentro de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya sufrió un recorte del 40% en su estructura y se prepara para despedir a uno de cada tres trabajadores.
Mientras el Gobierno justifica estas decisiones en nombre de la “eficiencia”, los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de víctimas ya encendieron las alarmas denunciaron que no se trata de reordenamientos administrativos, sino de una embestida directa contra las políticas públicas de memoria construidas desde el regreso de la democracia.