Por Nicolás Cánepa, Rudy Castillo, Guillermina Medina
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El proyecto para instalar dos centrales en el límite entre Brandsen y La Plata expone una articulación política y empresarial entre sectores amarillos y K
De izquierda a derecha: Guillermo Marseillan, Manuel Santos Uribelarrea (p), Manuel Santos Uribelarrea (h), Mauricio Macri y Francisco Cabrera
Por Nicolás Cánepa, Rudy Castillo, Guillermina Medina
Detrás del posible desembarco de dos plantas termoeléctricas en el límite entre Brandsen y La Plata, se esconde una compleja red de intereses políticos, empresariales y familiares. La compañía promotora del proyecto, MSU Energy, no es una desconocida en el sector y pertenece a una familia históricamente ligada al agro que pegó el salto al rubro energético consolidándose con grandes negocios, muchos de ellos rodeados por controversias judiciales como la "Causa Cuadernos".
El desembarco en Brandsen no fue improvisado. Tras años de resistencia en otras localidades bonaerenses, la compañía encontró en la Ruta 2 un nuevo punto estratégico para su expansión. La adquisición de casi 250 hectáreas por más de 4 millones de dólares marcó el inicio de un proceso de intento de radicación veloz.
La empresa que impulsa la instalación de termoeléctricas en el límite entre Brandsen y La Plata es MSU Energy, controlada por Manuel Santos Uribelarrea, empresario ligado históricamente al agro y con crecientes intereses en el sector energético. A través de su subsidiaria SCC Power, la firma adquirió en 2022 cuatro centrales a Araucaria Energy - compañía vinculada al exministro menemista y poderoso empresario José Luis Manzano- por más de 500 millones de dólares.
Una de esas plantas, Matheu III, debió ser desmantelada tras años de resistencia social, rechazo municipal y fallos judiciales en contra. Tras este traspié, la firma redirigió sus esfuerzos hacia Brandsen donde en 2024 adquirió tierras estratégicas sobre la Ruta 2.
Según documentación obtenida por El Editor Platense, la empresa desembolsó 4,75 millones de dólares para adquirir 246 hectáreas sobre la Ruta 2. Entre los vendedores aparece el exministro de Producción de Mauricio Macri, Francisco Cabrera, figura clave en el entramado político-empresarial del macrismo y hombre de confianza del expresidente. Cabrera, además de presidir la Fundación Pensar, el think tank que moldeó buena parte del gabinete de Cambiemos, el mendocino mantiene vínculos estrechos con el actual Palacio de Hacienda, a través de los llamados “Cabrera Boys”, instalados por el ministro Caputo.
Este no es un caso aislado, hay antecedentes que revelan el músculo político-empresarial de la compañía: en 2016, el entonces presidente Mauricio Macri avaló una inversión de 450 millones de dólares para montar tres termoeléctricas, en un encuentro en Casa Rosada donde participaron Uribelarrea, el vicepresidente de la compañía energética, Guillermo Marseillan, y el entonces ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera. Hoy, esa misma mesa busca concretar una nueva operación energética.
El titular de MSU Energy, Manuel Santos Uribelarrea, es uno de los empresarios procesados en la Causa de los Cuadernos, investigado por pagos indebidos para financiar campañas del kirchnerismo. Fue señalado por el fallecido juez Bonadio como parte de un circuito de sobornos a funcionarios. Aunque más tarde fue excluido del delito de asociación ilícita, la Justicia ratificó su procesamiento por dádivas. Uribelarrea admitió haber hecho aportes ilegales junto a otros empresarios en 2015, y si bien pidió licencia en MSU tras el escándalo, nunca perdió el control de la firma. Hoy, ese mismo empresario —con pasado en parques eólicos compartidos con Macri y con causas abiertas por corrupción— busca levantar una nueva planta en Brandsen.
Aunque el proyecto se gestó en tiempos de Macri, fue con el arribo del camporista Fernando Raitelli al Ejecutivo de Brandsen que MSU Energy encontró vía libre. Apenas un mes después de asumir, el municipio activó el andamiaje legal para avanzar con la rezonificación de las tierras adquiridas por la empresa de Uribelarrea, con el respaldo de la Sociedad Rural local y su presidente, Gustavo Lorenti, destacando los potenciales beneficios que generaría para el sector productivo y asumiendo un rol protagónico en la articulación con otros actores económicos locales para consolidar una defensa común durante el tratamiento legislativo.
En febrero, a pocos días de haberse presentado formalmente el pedido de rezonificación, el intendente Raitelli convocó a representantes del sector agropecuario y del ámbito energético para abordar los alcances del proyecto. Ese mismo mes, el HCD impuso un canon simbólico de 20 millones de pesos diarios mientras el Ejecutivo aceptaba una “donación” de maquinaria y vehículos 0 km por parte de la empresa. Sin embargo, lo más grave fue el rechazo a convocar a una audiencia pública, pese a haber sido votada por unanimidad.
La relación estrecha entre el jefe comunal y la SRB ha sido objeto de observaciones en el arco político. No es un dato menor que el sector agropecuario ha mantenido históricamente una relación tensa con el kirchnerismo, siendo incluso blanco de críticas por parte de sectores vinculados a La Cámpora. Sin embargo, en el caso de Brandsen, el intendente de extracción camporista es consciente de la necesidad de construir consensos con actores estratégicos para garantizar gobernabilidad, mientras que desde el sector rural reconocen que los intereses propios también se gestionan desde la sede comunal.
Una de las principales muestras del lobby político - empresarial que se dio a las narices de todos fue la presencia del vicepresidente de la compañía energética Guillermo Marseillan junto a los ediles del bloque oficialista durante la fracasada sesión del Concejo Deliberante en la que debía tratarse el proyecto de las centrales ‘Abasto I’ y ‘Abasto II’.
Los presentes detallaron que Marseillan y el abogado de la compañía “circulaban activamente por los sectores privados del HCD” e incluso dialogaban con el presidente del Concejo, Daniel Caraballo, quien luego anunció que la discusión se posponía por “problemas técnicos” mientras decenas de personas se pronunciaban fuera contra la termoeléctrica.
Uno de los aspectos más sensibles del proyecto de instalación de las termoeléctricas en Brandsen es su impacto ambiental. El plan contempla una rezonificación abrupta del suelo que, por su naturaleza y consecuencias, debería ser sometida a una audiencia pública.
La categoría industrial que se intenta habilitar es de tipo tres, es decir, de alto impacto ambiental. Este tipo de emprendimientos es considerado de los más complejos y riesgosos en términos ecológicos ya que pueden emitir gases contaminantes, generar efluentes líquidos peligrosos y producir residuos tóxicos que requieren controles ambientales estrictos. En efecto, su instalación debe estar sujeta a estudios de impacto ambiental serios y evaluaciones rigurosas, especialmente porque estaría emplazada en una zona cercana a un espacio residencial.
Además, la proximidad con el Parque Industrial II, que solo admite industrias de tipo dos -de impacto medio- agrava aún más las dudas sobre la conveniencia de esta localización. Las primeras, que fueron habilitadas por autoridades locales y provinciales en la zona, requieren medidas preventivas para evitar efectos nocivos. En tanto, las de tipo tres implican riesgos estructurales que comprometen la salud pública y los recursos naturales si no son gestionadas con responsabilidad y transparencia.
Ante este escenario, en paralelo al avance legislativo del proyecto se da un crecimiento exponencial del reclamo social para que se convoque de forma urgente a una audiencia pública para responder a inquietudes legítimas sobre los efectos potenciales que podría tener este proyecto en la salud, el agua, el aire, y el ecosistema en general, una serie de factores que tuvo en cuenta la Justicia para sellar su traslado de Pilar y Escobar.
Lo llamativo es que a pesar del ruido que generó el proyecto en el Gran La Plata, la ministra de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, también referenciada con La Cámpora, optó por no pronunciarse sobre un proyecto de alto impacto ambiental, a contramano de su discurso habitual sobre justicia ambiental y participación ciudadana.
Detrás del desembarco de estas centrales parece emerger una tregua silenciosa basada en intereses comunes que tiene como fecha clave el lunes 21 de abril, cuando el Deliberante diga si o no a la instalación de las dos centrales.