Con la decisión de no renovar las facultades delegadas, Sturzenegger anunció decretos que eliminarán organismos, fusionarán otros y reducirán personal
Archivo: Javier Milei en La Plata
Marina EspecheDías atrás, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que el Gobierno de Javier Milei no buscará renovar las facultades delegadas que le fueron otorgadas en julio de 2024 con la Ley de Bases. Mientras que, por otra parte, detalló que en "los próximos 50 días habrá decretos con reestructuraciones de organismos".
De esta forma, aseguró que el plan motosierra continuará y eso se vio reflejado en la última semanca con una seguidilla de anuncios y recortes. Cabe recordar que Sturzenegger sostuvo que "la idea fue no renovarlas, (a las facultades delegadas) porque yo necesitaba que mi equipo estuviera muy consciente del tiempo que teníamos"; en esa línea, contó que el Gobierno planea una “profunda reformulación del Estado", sobre todo en "organismos con autonomía financiera que los había llevado a una proliferación de trámites burocráticos”.
“En los próximos 50 días vas a ver un movimiento bastante importante”, adelantó y consideró que esas facultades delegadas que les otorgó el Congreso, estuvieron más vinculadas "a la motosierra", lo que les permitió "eliminar funciones estatales innecesarias".
Por otra parte, contó que en las próximas semanas saldrá un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que contemplará la eliminación de "24 organismos, la fusión de más de 15 y la transformación de 16 dependencias". "Van a ser 50 días bastante interesantes en el uso de las facultades delegadas”, aseguró.
A la par de esa declaración, el Gobierno, a través del decreto 339/25, dio de baja programas destinados a pequeñas y medianas empresas (pymes). Entre los fundamentos, el Ejecutivo argumentó que estas iniciativas interfieren con el funcionamiento del libre mercado. Por su parte, Sturzenegger, celebró el anuncio y aseguró que se trataban de proyectos “ineficientes, discrecionales y estériles”, además de que representaban “un expendio de recursos para beneficio de algunos privilegiados”.
En la misma línea, agregó: "Hoy el verdadero apoyo a las pymes está en el modelo de la libertad. En lo que lleva de mandato, el gobierno de Javier Milei redujo la inflación, liberó el tipo de cambio, eliminó miles de regulaciones, reinstaló las sociedades anónimas simplificadas, y le devolvió el crédito al sector productivo”.
“En el contexto actual, en el que las políticas se enfocan en reducir la intervención estatal y en maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública, resulta imperioso revisar aquellas funciones que puedan ser redundantes o cuya contribución al interés general sea marginal, asegurando así que los recursos públicos se asignen de manera más racional y efectiva”, detallaron a través de artículos de las leyes 24.467 y 25.872.
A los pocos días, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció la reducción de la actual Secretaria de Derechos Humanos a Subsecretaría, en sintonía con la política impulsada por el liberal desde el inicio de su administración. Además, anticipó que habrá despidos en el área.
De esta manera se va a “recortar el 40% de la estructura y el 30% del personal, lo que implica un ahorro de 9 mil millones de pesos anuales”, sumó el funcionario y agregó que “ahora sí se va a encargar de defender todos los derechos humanos y no de defender un sector ideológico partidario”, apuntando directamente a los sectores más progresistas, a quienes se les adjudicaba la creación del área de Derechos Humanos para “beneficio propio”.
Es importante recordar que semanas atrás, la organización no gubernamental Amnistía Internacional, advirtió sobre un fuerte retroceso en lo relativo a los derechos humanos en la Argentina durante 2024. “Doce meses de gobierno, doce derechos perdidos” se titula el apartado del informe que se dedica a profundizar sobre el caso argentino y la gestión de Javier Milei.
“El deterioro de los derechos no es una metáfora: en Argentina, durante 2024, vimos cómo se revirtieron conquistas fundamentales en materia de justicia social, libertades civiles y garantías individuales”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva la entidad en Argentina, quien agregó: “La respuesta del Estado frente a la protesta pacífica, la crítica pública, la desinformación muestra un giro hacia prácticas con profundos rasgos autoritarios que amenazan la convivencia social”.
Fue en esa línea que, horas más tarde el Presidente limitó, por Decreto, el derecho a huelga, un punto que generó repudios en distintas áreas. El argumento que utilizaron desde el gobierno de Javier Milei fue que ampliarían las actividades consideradas esenciales, las cuales deberán garantizar de manera obligatoria un funcionamiento de entre 50 y 75% en caso de estar en medio de un conflicto sindical.
"Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos", se detalló en el artículo 3 del documento publicado. Y agregó que "en lo que respecta a la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare".
Mientras que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%". De esta forma, la normativa incorporó actividades claves en sectores de la salud, el transporte, la educación y las telecomunicaciones.